Proyecto de ley Sala Cuna Universal: DE DERECHO SOCIAL A SEGURO

“El proyecto de sala cuna se viste de corresponsabilidad, de universalidad y de solidaridad y no tiene nada de eso. Solo busca que existan guarderías para que las mujeres dejemos allí nuestros hijos e hijas y salgamos a trabajar; no se ocupa de proteger el derecho a una educación de calidad”, afirma la encargada de Género de Confusam, Carolina Espinoza.

Hace ya un año que ingresó al senado el proyecto de Sala Cuna Universal, el cual según el Gobierno  busca poner “fin a  una discriminación histórica en contra de las mujeres”. Sin embargo, el mundo sindical no se ha comprado este discurso. Si bien le parece positivo que se termine con la restricción que obliga a las empresas a entregar este derecho desde la trabajadora número 20, y que se amplíe a los independientes, denuncia varios retrocesos.

La iniciativa lleva más de ochenta indicaciones y la idea de legislar fue aprobada en abril de este año mediante un protocolo de acuerdo entre el ministro Nicolás Monckeberg y la Comisión del Trabajo del senado, cuyos alcances desestima Carolina. Señala que no tiene  validez legal y que ni siquiera les han querido entregar una copia del documento.

El proyecto

En concreto, el proyecto transforma un derecho en un seguro. Se crea un fondo financiado con el 0,1 por ciento de las remuneraciones de  todos los trabajadores de cargo del empleador; un aporte estatal de 225.792 UTM y recursos del fondo de cesantía.

La también representante del Comité de Mujeres de la ISP, denuncia que no entrega cobertura universal porque se requiere cierto número de cotizaciones, lo que excluye, por ejemplo, a las temporeras; tampoco aborda la calidad del servicio ya que lo regularía la Superintendencia de Pensiones.

Si bien en un inicio el fondo sería administrado por una sociedad anónima, el protocolo de acuerdo determinaría que se le entregue esta tarea al Consejo de Administración de Seguros Sociales que se creará para manejar el 4 por ciento que contempla la reforma de pensiones. Lo que sí se permite es que invierta en instrumentos financieros.

Finalmente, agrega que el monto del aporte es menor que lo que hoy cuesta una sala cuna. Asimismo las empresas se desentenderán de dicha obligación, porque cada trabajadora recibirá un voucher y el mercado se ocupará de proveer salas cunas.

La situación  de Confusam

Para los asociados y asociadas a  Confusam este proyecto agrava su actual situación. Cuenta Carolina que la Comisión de Género efectuó un diagnóstico que demostró que el actual artículo 203 que obliga a entregar el derecho de sala cuna no se cumple en 69 comunas – mayoritariamente aisladas y pequeñas– argumentándose que no existe oferta en el territorio.

El 64 por ciento de las comunas afiliadas a la organización (176), participó de esta fotografía que cubrió entre 2017 y 2018. De las 69 comunas (39 por ciento) en que se niega este derecho, sesenta y tres cuentan con  departamentos de salud, lo que demuestra que son las corporaciones quienes más lo respetan.

El proyecto establece que el sector privado se regirá por esta norma y el sector público continuará con el artículo 203, “excepto las empresas públicas y las corporaciones municipales”. Concluye  que la situación es perversa porque modifica lo que funciona mejor (pasando al nuevo sistema a las corporaciones municipales que ya entregan el beneficio), y mantiene en las mismas condiciones actuales a quienes no están accediendo y que laboran en departamentos de salud.

REVISTA INFUSAM Nº 33, OCTUBRE 2019