Confusam paralizará este 17 y 18 de abril en todo Chile, exigiendo al Gobierno que entregue a sus socios y socias los beneficios acordados, luego de dar toda su vida a la salud pública.
Ya sabemos que en Chile las pensiones otorgadas por las AFP son indignas. Por eso, la única opción que tienen las y los trabajadores de atención primaria para jubilarse es conseguir un bono de incentivo al retiro, que les permita paliar, durante un tiempo, su magra pensión.
Es así que la organización negoció un acuerdo en 2016 que cubría a siete mil personas, pero los pagos se han ido aplazando y los cupos proyectados no dieron abasto. El resultado es que aun no se termina de pagar a quienes postularon en 2021 y 2022. Como señala Gabriela Flores, presidenta de Confusam: “La gente está cansada de esperar. Se les adeuda su beneficio a casi dos mil funcionarios y funcionarias, cuarenta y dos de los cuales han muerto durante la espera”.
El año pasado se acordó un aumento de los cupos con el Gobierno, pero la burocracia sigue impidiendo que se entreguen sus dineros a quienes ya fueron beneficiados.
GABRIELA FLORES
Las otras razones del paro
Si bien, el incentivo al retiro es una demanda central para Confusam, hay otros dos temas pendientes por los que miles de trabajadores y trabajadoras de APS paralizarán esta semana.
Uno de ellos, es la Asignación de Trato Usuario que, a juicio de la presidenta nacional, es un mecanismo perverso que divide a las y los trabajadores sanitarios en primera y segunda categoría. En el caso de quienes se desempeñan en hospitales, tienen asignado un monto fijo que crece con los reajustes. En cambio, para la atención primaria se reduce año a año. Esto porque en la APS, los recursos se distribuyen según el total de horas: “y como cada año aumenta la dotación y el fondo crece bien poco, el resultado es que el monto del bono individual va disminuyendo. Por ello, queremos que se modifique la ley”, declara.
Hasta ahora, si bien, iniciaron conversaciones en febrero con la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, en lo único que existe acuerdo es en que las dotaciones se fijen al 1º de enero de cada año, pero nada se ha avanzado en nivelar el bono por tramo como ocurre en los hospitales. “Nos propusieron un porcentaje, lo que nos pareció una falta de respeto y la rechazamos. Seguimos esperando llegar a un acuerdo”, añade Gabriela Flores.
Por último, tampoco se ha gestionado con la suficiente celeridad la cancelación del Bono por Desempeño Difícil 2023. Hace casi un año que se presentaron 400 apelaciones al proceso y aunque el Minsal aceptó cien de ellas, recién enviará su resolución a Contraloría para su toma de razón. El retraso ha impedido que cientos de trabajadores reciban el bono, porque “los municipios no quieren pagar mientras no tengan la resolución final”, concluye Gabriela.