Confusam: Las razones del NO a la objeción de conciencia

En conferencias y seminarios, cientos de dirigent@s de Confusam discutieron sobre el aborto en tres causales durante los últimos años, para fijar democráticamente su posición en un Consejo Directivo Nacional con la presencia de la directiva nacional y dirigentes de las federaciones. Por ello, es que como organización no caben dos miradas frente a la objeción de conciencia.

Si bien es razonable que en una entidad tan numerosa como la Confederación, con cerca de 40 mil afiliados y afiliadas, coexistan posturas valóricas y creencias diferentes, las decisiones, finalmente, se toman por mayoría. Y, precisamente, ese es uno de los logros que diferencia a Confusam de otras entidades: su permanente ejercicio de la democracia interna.

En ese sentido, afirma el presidente Esteban Maturana, “que fue durante  un Consejo Directivo Nacional donde se validó que las afectadas sean quienes tomen la decisión de interrumpir su embarazo por alguna de estas tres causales”. Además, añade que como institución del mundo de la salud pública y como funcionari@s públic@s, “tenemos que hacernos cargo de que nuestra primera obligación es hacer cumplir las leyes vigentes y -a la vez- servir a la ciudadanía que concurre a los establecimientos de salud”.

Profundiza, entonces, que la decisión de no apoyar la objeción de conciencia la tomó la  organización después de un debate interno y no fue una decisión unilateral de su directiva nacional y menos de su presidente.

Objeción de conciencia

Esteban clarifica que los asociad@s a Confusam deben saber que cuando optan por la salud pública, “no pueden imponer sus principios, valores y creencias por sobre su obligación de hacer cumplir la normativa vigente”.

Ejemplifica conque imponer principios personales a la práctica sanitaria, podría llevar a “tener que aceptar que un profesional Testigo de Jehová no realice una transfusión de sangre porque según su doctrina está prohibido, o pueda argumentar que si pertenece a la derecha reaccionaria no atienda a un paciente comunista. Los absurdos que se desprenden de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional son impropios de una sociedad moderna y desarrollada. Somos un Estado laico y no confesional”, agrega.

Respecto a la objeción de conciencia institucional, lo primero que hace el dirigente es aclarar que estas entidades no tienen conciencia, por lo tanto, “no pueden objetar aquello de lo que carecen”. En segundo término, expresa su alegría porque el reciente dictamen de Contraloría que determina que las instituciones  públicas y privadas que reciban recursos del Estado no pueden objetar, pone las cosas en su lugar.

Plantea “que la decisión del contralor se ajusta a derecho porque hubo una decisión unilateral del Ministerio de Salud al promulgar un instructivo que puso en riesgo la implementación de una norma legal”.

Precisa Esteban que este protocolo provocó que hubiese servicios de salud en que no existía ninguna posibilidad de que las mujeres de ese territorio pudieran acceder a interrumpir su embarazo, porque debían ser trasladadas cientos de kilómetros, y no se garantizaba el libre e igualitario acceso a la salud. Ahora espera que se genere un reglamento que se apegue al espíritu de la norma. Es decir, que en el ámbito de lo público no puede haber  objeción y, en el caso del sector privado, aquellas instituciones  que reciban recursos del Estado no pueden ser objetores de conciencia.

El dictamen de Contraloría

La Contraloría General de la República dictaminó, a principios de mayo, que los cambios al protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales realizados por el Gobierno de Piñera en cuanto a los establecimientos de salud, no se ajustan a derecho.

El órgano contralor señaló que “los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”.  Asimismo, agregó que las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado “tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y forman parte de la red pública de salud”.

Añadió en su resolución que la institución privada que haya firmado un convenio con el Estado, “no puede acogerse a la objeción de conciencia institucional en tanto se encuentre vigente la respectiva convención”, pues es su deber cumplir “una función pública -a la que voluntariamente se ha comprometido- y para cuyos efectos le han sido entregados recursos públicos”.

Categórica la Contraloría, dice que “una conclusión contraria implicaría que el Estado dejaría de garantizar el otorgamiento de las prestaciones de salud -incidiendo ello en el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud.”

INFUSAM Nº 25, JUNIO 2018

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