Presentan proyecto para modificar el TC por fallos en materia de aborto, lucro y Sernac

Esta mañana los diputados Gael Yeomans (IL) y Diego Ibáñez (MA) presentaron un proyecto de ley que tiene el objetivo de reformar el polémico Tribunal Constitucional. La moción fue respaldada por los parlamentarios Gonzalo Winter (MA), Gabriel Boric (MA), Giorgio Jackson (RD), Camila Rojas (IA), Claudia Mix (Poder), Vlado Mirosevic (PL), Félix González (PEV) y Tomás Hirsch (PH), además del apoyo de las organizaciones sociales No+AFP, Confusam, Confech y Organizando Trans Diversidades  (OTD), quienes manifestaron la necesidad de impulsar el debate y transformar dicha institución.

Además un grupo de parlamentarios del Partido Socialista ingresaron un requerimiento a la Contraloría donde piden al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, que tome razón del decreto promulgatorio de la ley que reforma al Sernac, en los términos en que fue despachado desde la Cámara de Diputados En este sentido, los legisladores solicitan que no sean consideradas las acciones del Tribunal Constitucional, que le resta atribuciones a esta instancia.

El Tribunal Constitucional, en su esencia, fue creado para solucionar los conflictos constitucionales entre los poderes del Estado cuando no existían acuerdos en materias centrales en nuestro país. Podríamos decir entonces, que los integrantes de este organismo son una especie de “vigilantes” de nuestra democracia, pero ¿cuáles son los límites de dicha vigilancia?

Lo ocurrido esta semana con la eliminación de la norma que prohíbe la inclusión de personas o corporaciones con fines de lucro entre los sostenedores de las universidades privadas, no es sólo vigilancia, sino que es un atentado contra la democracia. ¿Hasta cuándo se impondrá la voluntad de una minoría por sobre la voluntad de las mayorías?

Hoy los “vigilantes” están por sobre el poder legislativo, y más allá de ser denominados de forma crítica como una “tercera cámara”, actúan como un ente sin vigilancia, porque la dictadura reforzó su autonomía, dejándolos excluidos de la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, es decir, incluso, están por sobre la justicia.

Es tal su libertad, que hoy no sólo aplica control de constitucionalidad, sino que también modifica proyectos legislativos fuera de sus facultades legales. Un ejemplo claro de esto fue la inclusión de la “objeción de conciencia institucional” en la ley que despenaliza el aborto en 3 causales, lo cual no era parte del proyecto aprobado por el Congreso.

Y no es todo. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional frenó dos puntos claves de la reforma laboral en mayo de 2016: la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación,  lo que terminó por desvalorizar aún más una reforma que ya había nacido tibia.

Es urgente revisar el mecanismo de designación de los integrantes del TC (evitando su binominalización); se debe eliminar su facultad preventiva de control de constitucionalidad; limitar los asuntos sobre los que recae su competencia, circunscribiéndola a ciertas materias específicas, deliberadas democráticamente; y evitar que sean minorías parlamentarias las que soliciten su intervención como una manera de sortear su derrota democrática.

No cabe duda que debemos ser nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, quienes debemos hoy asumir un rol. El actuar del TC lo ha convertido en un peligro para la democracia. Hoy más que nunca es necesario seguir organizados para defender los derechos que hemos alcanzado tras tantos años de lucha. No dejaremos que esta batalla se pierda. Porque en nombre de una supuesta “vigilancia”, no permitiremos más agresiones a nuestra democracia. 

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