Los incendios que seguramente Volverán…

Mientras Chile se quemaba, a principios de este año, pareció que se abriría una ventana para realizar cambios en la nefasta política forestal. Pero ya comenzado el otoño, el Estado y su institucionalidad más bien se han ocupado de financiar la construcción de las casas quemadas y de reponer el equipamiento, más que de generar nuevas exigencias para que un hecho predecible como el ocurrido no se vuelva a repetir.

El trágico verano de 2017

Caluroso estuvo este verano sobre todo enero, que congregó las mayores temperaturas registradas en la zona central del país, teniendo como culmine 45 grados en Quillón. A ello se sumaron baja humedad y vientos sobre 30 km/hora, condiciones ideales para propagar incendios. El macabro resultado de esta suma de factores fue de 600.000 hectáreas quemadas entre Valparaíso y la Región de Los Ríos; 11 fallecidos y más de 1.500 viviendas destruidas, la mayoría en el pueblo de Santa Olga, levantado al alero del desarrollo forestal chilensis. Pero lo sucedido no debió ser una sorpresa, pese a la inmovilidad inicial del Gobierno. El cambio climático es una realidad y Chile tiene alta vulnerabilidad frente a él, tal como lo indican los informes nacionales e internacionales. Más aún si a ello se suman 40 años de una política forestal que ha empobrecido al país.

La ecologista Sara Larraín lo dice con claridad: “estamos viviendo una catástrofe nacional y la Presidenta no saca nada con decir `es que somos tan azotados por la naturaleza…`si todos los estudios desde hace más de quince años afirmaban que debemos planificar considerando las nuevas condiciones de sequía, de aumento de temperatura, de riesgo de incendios y de lluvias calientes”.

 La solución: una comisión

Como ocurre siempre en nuestro país, la solución después de una grave crisis es una  comisión. En este caso, se quemaron 600 mil hectáreas y la respuesta fue crear el Comité Nacional para la Restauración Ecológica. Este se constituyó el 31 de enero, convocado por el Ministerio de Medio Ambiente para evaluar el daño causado por los incendios y elaborar y ejecutar planes de restauración. Integrado por científicos, Ong y el Gobierno, ya determinó que el modelo de desarrollo forestal se generó sin planificación territorial, sin evaluaciones ambientales, ni sociales, y obviamente sin análisis de riesgo. Por lo que ahora -en una sociedad desarrollada- debieran venir las modificaciones fruto de las lecciones aprendidas. Al respecto, plantea la experta que el Estado debe hacer un reordenamiento entre El Maule y La Araucanía e incorporar criterios de prevención de riesgos y sustentabilidad ambiental y social: “No podemos seguir dejando esto al arbitrio del propietario del terreno, todas las cuencas de aguas deben ser protegidas y reforestadas; hay que hacer cortafuegos; fijar las condiciones con que se reestructurarán los sectores poblados; las vías de evacuación, entre otros”. En lo inmediato, antes que lleguen las lluvias, señala que se debe proteger el suelo: “no es lo mismo que se tire todo lo quemado a las quebradas a que lo ponga en curvas de nivel y sostengan la tierra cuando llueva”, argumenta. Sin embargo, mientras el Comité continúa su labor, Sara Larraín alerta que en el territorio “hay gente trabajando y haciendo cualquier cosa”.

Extracción intensiva

En el ámbito forestal, al igual que en otras áreas de la economía nacional el `desarrollo` se ha dado a costa de una extracción intensiva de recursos naturales. En este caso, se reemplazó el bosque nativo por eucaliptus y pinos que generaron un grave impacto sobre los recursos hídricos incrementando la desertificación. Esta actividad se ha realizado de manera tan abusiva que, incluso, no se protegieron las cuencas de agua, no se establecieron cortafuegos, y los trabajadores instalaron sus campamentos al lado de las zonas de explotación sin condiciones mínimas. La experta explica que las grandes empresas del  sector, CMPC (Matte) y Arauco (Angelini) reconocieron, que tenían “13 kilómetros de plantaciones continuas, 13 kilómetros de especies combustibles sin cortafuegos”, señala. Los pinos y eucaliptos son especies pirogénicas, es decir propensas a los incendios según la comunidad científica. Con estas condiciones de manejo más bien cabe preguntarse por qué no se quemaron antes las 600 mil hectáreas.

Gestión del bosque

Previo a la dictadura, el desarrollo forestal lo impulsaba el Estado buscando gestionar el bosque degradado por plantaciones de trigo, incendios o extracción de especies. Ya en 1974, bajo el entonces director de Corfo, Julio Ponce Lerou, se dicta el decreto 701 para reforestar que bonificó hasta con un 75 % de su valor las plantaciones. De esta manera, el bosque nativo comienza a desaparecer bajo la tala ilegal e incendios intencionales y se crean las grandes empresas forestales financiadas por el erario nacional. Hoy existen casi tres millones de hectáreas dedicadas al monocultivo, y alrededor de 1,8 millones de ellas pertenecen a Matte o Angelini, que supieron utilizar muy bien la parte que les tocó de los 664 millones de dólares que entregó el Estado mediante el decreto 701 hasta 2015, fecha en que ¡por fin! Dejó de beneficiarlos aunque no fue derogado. Este impulso que generosamente el Estado dio a las empresas forestales, no llegó a quienes habitan el territorio o trabajan en estas empresas. La mayor área de monocultivo está entre el Maule y Los Ríos, que -casualmente- corresponde a las regiones más pobres del países según lo demuestra la encuesta Casen. El Maule, con 490 mil hectáreas de plantaciones forestales (de las cuales 200 mil se quemaron) tiene un 22,4% de pobreza y en la Araucanía, con 600 mil hectáreas, la cifra llega a 29,2%, la mayor del país. Sara indica que en el entorno de las plantaciones se constituyeron asentamientos humanos paupérrimos, sin agua, ni alcantarillado como Santa Olga, verdaderas zonas de sacrificio.

“Más de lo mismo”

La ecologista señala no ver la intención de hacer cambios sustantivos al modelo de  desarrollo forestal: “Todos los estudios desde hace más de quince años afirmaban que debemos planificar considerando las nuevas condiciones y no se hizo”.

Plantea que con los dos actores principales (Angelini y Matte) “el Estado tiene que ser duro y exigirles nuevas condiciones y a los medianos y pequeños ponerles plazos para que las cumplan”. Proyecta que si a estos grandes grupos empresariales (que en conjunto perdieron unas 90 mil hectáreas), se les sigue quemando el negocio se les puede tornar inviable. Pero como están acostumbrados a externalizar los costos a la sociedad, ve una suerte de inercia frente a las medidas que deberían adoptar. “Todos estamos aportando con nuestros impuestos para la reconstrucción y la Conaf no tiene por qué disponer de personal para apagar incendios a las forestales, ellas deben incorporar este costo como riesgo de su negocio. Pero para eso, el Estado debe regular”, afirma.

Sara Larraín concluye con impotencia que existe cierta impunidad en el desarrollo de los negocios en nuestro país, “pasa en lo forestal, pero también en pesca y acuicultura, en el ámbito minero, etc. En Chile, el Estado no cumple su función de defender el interés público porque es funcionario pos de los intereses del inversionista.

Y ¿Cuál es la excusa? La de mantener el crecimiento del PIB pero da lo mismo porque la mala distribución sigue siendo brutal”. Y, si bien, un proyecto de ley reformará la Conaf, no será suficiente dadas las proyecciones de menores precipitaciones y aumento de  temperaturas. De esta manera, si no hay profundos cambios en la política forestal, en los años venideros seguiremos lamentando tragedias como la ya ocurrida.

Impacto del cambio climático

“Las proyecciones climáticas para el país muestran como principales efectos el alza en la temperatura y la disminución en las precipitaciones. También se proyecta un aumento en la frecuencia de eventos extremos tales como sequías, e inundaciones fluviales y costeras. Todos estos cambios tendrán repercusión directa o indirecta sobre la mayor parte de las actividades productivas del país, y por supuesto, también las personas, en el medio ambiente y la biodiversidad”. (Ministerio de Medio Ambiente)

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