Confusam exige que los costos del desastre sea asumido por las empresas forestales

Chile tuvo hasta la dictadura un modelo de desarrollo económico de industrialización progresiva sustitutivo de importaciones, sustituido por los economistas del régimen militar por el actual modelo neoliberal primario exportador que se basa en la explotación irracional de recursos naturales con escaso valor agregado y sin respeto alguno por el medio ambiente, sometido en las últimas décadas a una degradación progresiva producto de la urgencia de generar riqueza sin parar mientes respecto del daño que la explotación indiscriminada de recursos naturales produce al patrimonio de todo un país.

En materia de bosques, en Chile se practicó una devastación del bosque nativo sustituyéndolo por especies arbóreas como pino y eucalipto generando después de décadas de dicha práctica, una condición propicia a los incendios forestales de los que hemos sido testigos los últimos años. Que en el caso particular del año actual solo tienen parangón en lo ocurrido hace ya décadas en la zona austral de Chile cuando en pro de introducir ganadería foránea en grandes cantidades se procedió a la quema de grandes predios, llevando a una situación de descontrol tal, que dio paso a incendios que duraron meses destruyéndose cientos de miles de hectáreas de bosques.

En los hechos, al amparo primero de la dictadura y posteriormente de los gobiernos de Concertación, Alianza por Chile y Nueva Mayoría, las empresas forestales subsidiadas generosamente con recursos de todos los chilenos hicieron del Sur de Chile un polvorín, enriqueciendo a unas pocas familias reconocidas en el país por su política de abuso sistemático de la gente y de corrupción hacia la clase política y gobernante.

En cifras del Gobierno, el desastre actual por los incendios forestales obliga a un gasto no contemplado de más de 300 millones de US dólares, recursos que en opinión de Hacienda debieran ser cargados a las arcas fiscales, generando con ello una mayor estrechez cuyas consecuencias, como siempre, las sufrirán las u los trabajadores del país, carentes de toda responsabilidad en el desastre y que por tanto, no tienen por qué sufrir las consecuencias.

Por ello, la CONFUSAM exige al Gobierno tomar las medidas necesarias de cara a que el mayor gasto que represente reparar el daño sea asumido por las empresas forestales y no por la gente. Es además una exigencia moral ya derogar el Decreto 701 y aplicar en el país una política de explotación forestal con respeto irrestricto al medio ambiente.

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