Cuando se acusa a los poderes fácticos hasta la prensa se hace esquiva y la verdad no importa. Es el caso que afecta a dos químicos farmacéuticos de la Corporación Municipal de La Florida, Comudef, hoy destituidos. Ellos denunciaron durante meses compras con sobreprecio y acuerdos sin licitación, entre otros. Como respuesta el alcalde los implicó públicamente en un presunto robo y venta de medicamentos controlados ante los medios de comunicación y estos no les dieron derecho a exponer su versión.
Alexcis Aguirre y Aarón Aramburu, funcionarios de la Comudef y socios de nuestra organización, creyeron que si denunciaban las extrañas situaciones que ocurrían con la adquisición de medicamentos en La Florida, se corregirían. Esto es, contratos preferentes con proveedores sin licitación; transporte de fármacos en camiones descubiertos y a altas temperaturas; compras de productos a precios muy superiores y marginación de la Cenabast como agente de venta.
Hoy Alexcis reconoce: “éramos la piedra de tope porque con nuestros reclamos dejábamos en evidencia que había un negociado”. Y, por eso, su contraparte municipal fue preparando el camino para despedirlos. Les enviaron reiteradamente a la unidad de control para contar los productos; también lograron que el ISP fuera a fiscalizarlos. Por último, contrataron con meses de anticipación a quién los reemplazaría, esperando la mejor oportunidad para echarlos.
En noviembre del año pasado, finalmente ambos químicos farmacéuticos fueron destituidos tras un sumario administrativo. Previo a este -en junio- en un hecho sin precedentes apareció el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en televisión acusándolos de presunto robo de casi un millón trescientas mil dosis de sicotrópicos y presentando una querella en su contra, la cual no ha avanzado por falta de pruebas. No menos exagerado fue el descerrajamiento de la droguería a principios de febrero de 2021 por parte de los directivos de la Corporación Municipal, en ausencia de Alexcis Aguirre, director técnico de esta, lo cual fue denunciado a la PDI.
En resumen, algo huele muy mal en La Florida y se utilizó como chivo expiatorio a dos trabajadores para encubrirlo.
La otra versión
Alecxis cuenta que ingresó en junio de 2017 por concurso público a la Comudef. A los meses, se incorporó a la unidad Aaron Aramburu, también químico farmacéutico. Así, él asumió la droguería y Aaron la supervisión en terreno de los 9 cesfam.
Apenas ingresó, le pareció extraño que no hubiese compras a Cenabast. Esto, le explicaron, ocurría porque se le debían más de 200 millones. Hizo un estudio, cuenta, que demostró que si se ponían al día en un año ahorraban esa plata producto de los altos precios que estaban pagando por los mismos productos a otros proveedores. Sin embargo, pronto se le notificó que no había voluntad y no insistió.
También descubrió que la empresa Los Álamos mantenía un contrato por más de 1.400 millones anuales, “hecho a puertas cerradas, y cobrando por algunos productos hasta un mil por ciento más que si se compraban directamente al laboratorio”, dice. Reclamó hasta que lograron echar abajo el contrato a fines de 2019 y Los Álamos fue declarada en quiebra. Mágicamente apenas cerró, entró como proveedor Salvapharm y la Corporación comenzó a comprarle. Su gerente general, curiosamente, es el mismo de Los Álamos: Juan Carlos Salgado.
“Volvimos a echar abajo el nuevo contrato y nos cayeron las penas del infierno”, recuerda el profesional. Les enviaron al ISP a realizar una fiscalización el 27 de enero de 2021. En plena pandemia, con mitad del personal laborando y Alexcis de vacaciones; Aaron había despachado los sicotrópicos con sus guías a los cesfam y no los había descontado del libro donde deben quedar anotados los repartos. Por eso, el ISP informó un descuadre que se debía regularizar.
“La Corporación toma esa acta del ISP para justificar que estábamos robando. Pero, recogimos las guías de los cesfam, se hicieron las rebajas de productos y cuadró todo”, señala el químico farmacéutico. Sin embargo, en la tarde del 5 de febrero, “directivos de la Comudef rompieron la chapa de la droguería e ingresaron a ella”, agrega. Como allí hay sicotrópicos no se puede entrar a menos que estuviese el director técnico como ministro de fe, y ese era yo”, señala Alexcis, quien hizo la denuncia a la PDI. Después de lo anterior, se les impidió a ambos profesionales poner un pie en la droguería y fueron suspendidos de sus cargos.
Argumenta el afectado que el ISP “debió aparecer al otro día del descerrajamiento a contar los medicamentos y no lo hicieron, se quedaron con la versión de la Corporación sobre lo ocurrido y perdieron la trazabilidad de los productos”.
Hoy existe una querella de la municipalidad en contra de ambos profesionales, la que no ha avanzado por falta de pruebas. El sumario de la municipalidad, “usó las faltas indicadas por el ISP y por ellas nos expulsaron. Pero son faltas administrativas porque no pudieron demostrar que hubo tráfico. Esos cargos los eliminaron”, cuenta. Pese a lo anterior, el sumario concluye que son destituidos por “considerarse que los hechos descritos constituyen una grave falta a probidad y a las obligaciones funcionarias”.
En estos momentos, ninguno puede ejercer en el sistema público y esperan que la apelación al sumario modifique el resultado. Asimismo, que se cierre definitivamente la querella interpuesta por Carter, para realizar sus propias gestiones judiciales.
Respecto al apoyo recibido por su asociación base, reconoce Alexcis que han estado dándoles fuerza desde el primer día “y han hecho manifestaciones y protestas. Pero parece que la Municipalidad es dueña de las leyes laborales y sanitarias”.