Apenas veinte días después del inicio de las masivas manifestaciones en el país en 2019, el Gobierno presentó una batería de iniciativas para reprimir la protesta general en sus diversas formas. La aprobación a mediados de enero de la Ley Antisaqueos es solo una de ellas, pero es también una de las principales herramientas para reprimir al mundo social.
Con votos de la derecha, de la oposición y del Frente Amplio fue aprobada la Ley Antisaqueos, que el vicepresidente de Confusam, Esteban Maturana, califica como “Ley Maldita 2.0”, emulando a aquella aplicada durante el gobierno de González Videla para proscribir al PC; restringir libertades individuales, sindicales y de información. La actual norma fue promulgada con rapidez para evitar que algunos congresistas presentaran un requerimiento por inconstitucionalidad.
El dirigente precisa que esta ley provee al Gobierno y a la clase política de “herramientas legales para criminalizar y contener la movilización ciudadana que debiese ir en ascenso desde marzo”. Agrega que tanto saqueos como incendios, “que nadie puede apoyar”, son expresión de “la rabia e indignación ciudadana” que se focalizó en las instituciones que representan a quienes generan condiciones de vida desiguales, como los bancos, el retail, los supermercados y las iglesias.
Pero también destaca que muchas de estas acciones son bastante sospechosas, ya que buscan crear una sensación de violencia y evitar que la gente asista masivamente a las movilizaciones, lo que hasta ahora no se ha logrado.
Aclara, asimismo, que se criminalizan estas acciones, pero no se persigue a quienes han defraudado los recursos fiscales, como Carabineros y las FF.AA. “El ejemplo más gráfico es que hoy quien roba cifra millonarias tiene como sanción clases de ética y quien roba en un supermercado es encarcelado por más de 500 días, demostrando que hay una justicia para ricos y otra para pobres”, precisa.
Persecución a dirigentes sociales
Esteban plantea que luego de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre, el Gobierno no puede seguir legislando. Sin embargo, añade, con el respaldo de la clase política lo sigue haciendo para proteger los intereses de los sectores más privilegiados.
Expresa que la Ley Antisaqueos provocará más detenciones y acciones legales contra las y los dirigentes sociales, “porque el Gobierno no quiere generar un acuerdo país sustentado en una nueva Constitución democrática y un nuevo pacto social. No soltarán sus privilegios porque está en juego el modelo económico impuesto en dictadura bajo un Estado subsidiario”.
Comenta que numerosos dirigentes sociales están siendo acusados en redes sociales como autores intelectuales de las manifestaciones que terminan en saqueos, e incendios. “Esta norma es una herramienta sistemática para contener la movilización social por parte de un Gobierno que insiste en reprimir y no en construir el acuerdo necesario para superar la crisis”, concluye.
Las nuevas sanciones
-El que baila pasa, interponer vehículos y barricadas: 61 a 541 días de prisión.
-Lanzamiento de objetos en la vía pública: 61 días a 3 años.
-Robo o hurto con ocasión de alteración del orden público: 541 a 5 años.
-Saqueo: 541 días a 5 años.
