Para la atención primaria es evidente. El incremento de la violencia verbal y física por parte de usuarios y usuarias durante la pandemia ha llevado a situaciones muy tensionantes en los centros de salud. Estos hechos mantienen muy preocupada a Confusam y se suman al agobio laboral que viven a diario las y los trabajadores del sector.
El 56 por ciento de chilenos y chilenas considera que su salud mental ha empeorado, cifra que nos sitúa con el peor indicador en América Latina y segundo a nivel mundial, de acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Ipsos en 30 países.
Lamentablemente, entre los espacios públicos donde se expresa el estrés y ansiedad de la población están consultorios y hospitales.
Ximena Bujes y Ricardo Astete son dirigentes de la Afusam Leocan Portus en Talcahuano. Reconocen un aumento del 70 por ciento de violencia usuaria en su centro. Agresiones siempre hubo, dicen, pero se han venido incrementando incluso en los lugares de vacunación. Solo en marzo y comienzos de abril, vivieron tres hechos con amenazas así como rompimiento de vidrios de mamparas y puertas que provocaron cortes en el personal del cesfam.
Ximena Bujes y Ricardo Astete
El primero, se gestó mientras pedían los permisos de ingreso al consultorio y controlaban aforos bajo cuarentena. La gente se les vino encima gritando y golpeando las puertas por lo cual debieron cerrar la entrada. Posteriormente, en horario de funcionamiento del sapu, un grupo de personas concurrió a pedir la ambulancia para un familiar enfermo. “Nos amenazaron, rompieron vidrios y golpearon hasta la ambulancia, resultando con cortes un médico y un tens. Hubo que cerrar el sapu”, indican.
El tercer suceso, ocurrió unos días después luego de que un usuario discutiese con el guardia, porque no se podía entregar atención de urgencia en horario de cesfam. Al retirarse en su vehículo, “se bajó y lanzó un objeto de metal quebrando el vidrio de la entrada. Detrás de esa puerta se ubicaba el equipo que hace triage que, afortunadamente, en ese momento estaba resolviendo otra situación”, dicen.
Lo más complejo, indican ambos dirigentes, es que personal de carabineros “toma conocimiento de lo ocurrido como si fuera una riña y no como una agresión a funcionarios públicos. No asumen que existe la ley consultorio seguro que castiga estos hechos”, expresan. A pesar de ello, la municipalidad sí ha hecho las denuncias correspondientes bajo la norma 21.118.
A raíz de este incremento en las agresiones, se han contratado dos guardias de seguridad y se cerró el estacionamiento al público, quedando solo para uso de funcionarios y discapacitados, medida que será evaluada, pero que -a su juicio- ha sido beneficiosa. Las y los trabajadores además están pidiendo que sean los militares quienes controlen los permisos de ingreso y no el personal de salud, solicitud sobre la cual aun no tienen respuesta.
Violencia en Tirúa
A mediados de abril, en el consultorio de Quidico -a 20 kms de Tirúa, Octava Región-, es atendida una paciente herida, quien es trasladada al centro de salud de Tirúa. La médico a cargo le encuentra una pistola y al querer retenerla, alrededor de una treintena de personas ingresa violentamente al recinto para impedirlo.
Se provocan empujones y amenazas, siendo llamado personal de carabineros no menos de treinta veces, pero no concurre. Esa noche -además- se produce una quema de cinco cabañas en el sector que fue considerada como una advertencia. Frente “a las amenazas individuales, violencia y amedrentamiento sufridos por el equipo de salud en su trabajo, se inicia una paralización”, explica la presidenta de Fetrasam Arauko, Camila Tapia.
Camila Tapia
Estos no son los primeros hechos de violencia ocurridos en la zona. Quienes habitan el lugar viven a diario el conflicto entre mapuches y Estado chileno, a lo cual no está ajeno el personal de salud. Por ello, solicitaron una serie de resguardos para retornar a las labores
Explica la dirigenta que se acordó con las máximas autoridades que al 15 de mayo estarán solucionados los siguientes temas: apoyo de carabineros en el traslado de funcionarios -mañana y tarde- al cesfam de Quidico; despeje rápido en caso de corte de ruta; gestionar -si es necesario- traslados de pacientes en helicóptero o lancha ambulancia si hay corte de camino; entrega de insumos en cesfam de la comuna y no en sectores aledaños. La medida que ya está funcionando es resguardo policial 24/7 en los consultorios de Quidico y Tirúa.
Fue así como se retornó a las labores, pero las y los 138 funcionarios permanecen en estado de alerta: “Estaremos atentos a cómo se avanza y si se discontinua el apoyo, como Federación nos uniremos a Tirua -como ya lo hicimos- y nos movilizaremos”, declara con fuerza Camila.
Amenazas de muerte
María Muñoz es administrativa en el cesfam Las Américas de Talca. Cuenta que en abril llegó una familia con una pariente ya fallecido. Trataron de reanimarlo y no fue posible. Ante ello, fue golpeado un auxiliar y el médico que los atendió, más encima “un joven tomó unas tijeras y amenazó con matarlo”.
María también fue amenazada mientras impedía el paso del resto de la familia al box de atención. Recuerda que actuaron con mucha agresividad y era un grupo numeroso, solo cuando llegó carabineros se controló la situación. En el cesfam no hay guardias ni cámaras.
Después de lo sucedido, pidió licencia “porque no estaba apta para trabajar , hay que estar bien para seguir conteniendo a la gente”, afirma con resignación.