Con una fuerte represión a las y los dirigentes partió este año la negociación del sector público. Se sumó, posteriormente, la negativa ministerial a sentarse a revisar los temas antes del 22 de noviembre. Con todo ello, no queda otra opción que la presión en la calle para avanzar en acuerdos, la cual ya se inició con movilizaciones frente al Ministerio de Hacienda en Santiago y otros organismos del Estado en regiones.
Patadas, golpes y empujones hubo en la entrega del pliego de la ramal más importante de este país, compuesta por 16 gremios del sector público. Fue el comienzo de la despedida de un Gobierno que una vez más demostró a las y los trabajadores un total desinterés por sus requerimientos.
No hay que olvidar que el proceso del año pasado implicó pérdida de poder adquisitivo para las y los trabajadores. Explica, Manuel Gajardo, asesor de Confusam, que se obtuvo un 2,7 de reajuste general para las rentas más bajas y un 0.8 para las más altas: “la inflación fue de 2.7 y eso significa que a las rentas más bajas le dieron cero real y a las otras le quitaron 1.9”. Como también se bajó monto de bonos de vacaciones y de término, finalmente, “todos perdieron poder adquisitivo”, argumenta. Por ello, este año se solicitó un 7.5 por ciento de incremento parejo que equivale al IPC más el arrastre del 2020.
Manuel Gajardo
Según el economista, el resultado de la anterior negociación, fue producto de la visión del entonces ministro, Ignacio Briones y del Gobierno, “de ir haciendo caja con cargo a los trabajadores. El año pasado, apretaron el cinturón por la pandemia y, ahora, porque quieren reducir el déficit fiscal”, explica.
Asimismo, para la presidenta de Confusan, Gabriela Flores, el Gobierno “ya adoptó un método para negociar. Está ocurriendo igual que en 2020 donde tardíamente se instaló la mesa, con posterioridad a la aprobación del presupuesto nacional”, indica.
El año pasado, fue Briones, quien lideró el proceso; ahora es el turno de su simil, Rodrigo Cerda. Pero, la postura es la misma: postergar hasta después de la aprobación del presupuesto. Y, en esta oportunidad, se mezcla con un hecho no menor: la primera vuelta presidencial.
La dirigenta de Confusam, califica de astuta la decisión, porque se busca “medir cómo andará el panorama político. Y, en ese sentido, nos preocupa la aparición de un candidato bien situado por la encuesta Cadem, como es Kast, que ha anunciado medidas contra lo público: disminución del Estado y el despido de 30 mil trabajadores. Es un segundo Bolsonaro”, afirma.
Gabriela Flores
Urge instalar conversaciones
Por su parte, Manuel Gajardo, indica que postergar la negociación tiene asidero, ya que la discusión presupuestaria en el Parlamento, “es uno de los eventos de mayor demanda para el equipo de Hacienda, porque tiene estrictamente dos meses para ser evacuada y es una discusión de mucho detalle”. En ese marco, relata, el ministro planteó que quiere ver las holguras una vez sancionado el presupuesto para hacerse cargo del reajuste del sector público.
Enfatiza el profesional que la respuesta de los gremios fue que entendiendo lo anterior, podían abordar, mientras tanto, otros temas; algunos de los cuales ni siquiera tienen carga económica para el erario nacional. Sin embargo, no ha habido respuesta a esta solicitud. Como importante, destaca la necesidad de asegurar un compromiso explícito del Ejecutivo de que no habrá despidos al cierre del año que coincide con el término del Gobierno.
Por último, Gabriela Flores recalca su preocupación, porque no se han instalado aun las mesas sectoriales en temas como cuidado infantil, zonas extremas y derecho al empleo público, entre otros. Adelanta que no se descarta un paro nacional, con el inconveniente que salud está en el proceso de vacunar ala población y siguen aumentando los contagios.