“No es la primera vez en que se genera un reajuste escalonado en la Mesa del Sector Público, tampoco la primera en que se deja afuera de ciertos beneficios a un grupo de trabajadores y trabajadoras. Es más, podríamos estar frente a un daño acumulativo a las remuneraciones a través de los años”, indica con preocupación el nuevo secretario general de la Confusam, Marcos Vargas.
El dirigente expresa que, a nombre de la organización, solicitó que se estableciera una mesa de trabajo que en 2023 estudiará cómo estas diferencias han afectado la integridad de la carrera funcionaria. En el caso de la Confusam, indica, el Estatuto de Atención Primaria establece un parámetro en su artículo 41 señalando que, “el número máximo de bienios computables para la carrera funcionaria será de quince, y el sueldo base que resulte de la aplicación de este máximo deberá ser, a lo menos, un 80% superior al sueldo base mínimo nacional”. Plantea Marcos que debe existir una diferencia de un ochenta por ciento entre los niveles 1 y 15 y es probable que, con reajustes escalonados, “se haya comprometido de manera arbitraria lo que establece nuestra ley desde 1995”. Se evaluará también en el estudio si hay otros gremios que tengan garantías que puedan haber sido vulneradas.
En esa mesa participará la Confusam. Asimismo, en los próximos días se realizará una presentación en Contraloría para que determine cómo este nuevo reajuste compromete la integridad de la carrera funcionaria.
Política de Estado
El nuevo secretario general hace ver que los reajustes escalonados se han transformado en una “política de Estado”, destinada a evitar que las remuneraciones de cargos políticos en el sector público aumenten, producto de un rechazo generalizado. “Pero no hablamos de médicos, fiscales o grandes administradores que son funcionarios de carrera. La crítica de la ciudadanía va hacia los cargos políticos que ganan sobre 7 millones”, aclara.
Más bien, se trata de asesores, congresistas, ministros, delegados presidenciales y otros, a quienes “no se les quiere dar un reajuste del 12 por ciento”, indica. El ministro de Hacienda, Mario Marcel – igual como se hizo bajo el Gobierno de Piñera-, quiso controlar esas remuneraciones muy elevadas, sin embargo, el problema es que la decisión afecta a funcionarios con antigüedad. Precisa Marcos que para llegar a ganar dos millones doscientos mil tuvieron que trabajar diez, quince o veinte años en la salud primaria y que resultan castigados: “No estamos hablando de quienes trabajan en la industria política y que ganan mucho más”, refuerza.
Plantea que este enfoque diferenciador se expresó en la Mesa, donde incluso organizaciones que no son pluriestamentales lo aceptaron. En cambio, asevera que en la Confusam, “Vemos el panorama más amplio, velando no solo por las rentas más bajas sino por todos. Quisiéramos un reajuste por igual y, además, pisos comprometidos para los que ganan menos. Cortar para arriba”.
Mesa paralela
Más encima y después del acuerdo discriminador con las rentas más altas, el Gobierno negoció con una mesa paralela que detuvo la tramitación de la ley de reajuste, provocando una situación inédita: Que no hubiese reajuste ni aguinaldo para Navidad. Recién a principios de 2023 se pagará el reajuste de diciembre y enero así como el aguinaldo.
El nuevo acuerdo considera que en julio se elevarán las remuneraciones de más de 2.2 millones en un cuatro por ciento y, en diciembre, serán niveladas de acuerdo al aumento del 12 por ciento, antes del próximo reajuste.