San Pedro de Atacama es una zona turística en la II Región. Cada año concurren hasta allí miles de extranjeros y nacionales para disfrutar de sus cordilleras, salares, termas, géiseres y arqueología. Sin embargo, entre toda esa belleza y los evidentes ingresos que se generan, las y los trabajadores de la salud municipal -que comprenden el único dispositivo sanitario en más de cien kilómetros a la redonda-, parecen ser la última preocupación de la alcaldía.
En la comuna, cuyas calles principales no están pavimentadas para incentivar su atractivo como zona típica, resulta bastante caro arrendar, alimentarse y el transporte. Tanto es así que no existe interés por hacer reemplazos en los centros de salud y la falta de personal -agravada por las licencias-, recarga aun más a quienes continúan con sus labores. Tampoco hay preocupación del municipio por dar seguridad laboral y los contratos a plazo fijo fueron renovados solo por seis meses, lo que aumenta la rotación funcionaria.
La cuarta ola de Covid, por encontrarse ya todos presenciales, enfermó a casi el cuarenta por ciento de los trabajadores. Liliana Araya, presidenta de Ferfusam II Región, denuncia que, pese a ello, “se los hizo trabajar enfermos. Los equipos de salud en esta comuna se encuentran desprotegidos y las autoridades no escuchan a nadie”, afirma.
Federación y asociación base con alcalde de San Pedro
En dos oportunidades, la dirigenta regional concurrió el año pasado para hablar con el alcalde Justo Zuleta y el Concejo, abordando las reiteradas malas prácticas como renovaciones de contrato cada seis meses; desvinculaciones y el nulo apoyo a la deteriorada salud mental de las y los funcionarios. Solo hubo promesas que siguen sin cumplirse. A su juicio, “esto obedecería a un tema político”, ya que el nuevo alcalde dejó como encargada de la Dirección de Salud, a Mirta Solis, quien se había desempeñado en un periodo anterior, caracterizado por una tensa relación con la asociación base.
Crisis en aumento
María Paz Astorga es la presidenta de la Afusam local, ella junto a la ministra de fe de la organización, Edith Mora, dan cuenta de qué implica laborar en esa zona rural. El centenar de funcionarios y funcionarias de salud se distribuyen en el cesfam de San Pedro y su servicio de urgencia, así como en las postas de Peine, Socaire y Toconao y en las tres estaciones médico rural. En todas atienden tens, pero algunas disponen de médico financiado por las propias comunidades.
Edith Mora y María Paz Astorga
Además, de la población local que incluye a migrantes sobre todo bolivianos, pero también europeos, el principal usuario del servicio de urgencia es el turista con mal de altura. Este precisamente, dicen, es el más agresivo que reclama por los aforos y la falta de personal. También la población permanente va poniéndose cada vez más exigente al ver que las consultas se aplazan una y otra vez por la pandemia.
La presión por ser atendido ha ido a la par de una mayor violencia. En abril de 2021 en la estación médica de Río Grande, hubo amenazas al personal. En julio, en el cesfam de San Pedro se registraron hasta empujones contra un tens y una médica, pero el juzgado no aceptó la denuncia por falta de pruebas. Esto porque como parte de la gran vulnerabilidad que afecta a los equipos de salud, ni siquiera disponen de cámaras en los centros.
En enero de este año ingresó un extranjero portando un machete al cesfam, huyendo de carabineros. Si bien, la violencia no provino desde un usuario, tener a policías armados y al delincuente corriendo por los pasillos, les hizo sentir con fuerza el abandono en que se encuentran.
María Paz explica que todos los días tienen derivaciones al hospital de Calama, distante 100 km y eso limita aun más el poco personal. Además, llegaron a tener peak de hasta cincuenta consultas diarias solo por el tema respiratorio. Finalmente, por el desborde indica “todos tuvimos que pasar a tomar PCR”. Pese a este enorme esfuerzo, la gente pierde la paciencia y la respuesta de la dirección de salud siempre es que “no hay plata o no se puede”.
Explican que tuvieron una alcaldesa, Sandra Berna, que estuvo 22 años en el cargo. Luego, a partir de 2016, bajo un nuevo alcalde, Aliro Caturro, mejoraron las relaciones con el departamento de salud, ya que asumió un socio ese puesto. Pero con el actual alcalde que repuso a la ex directora Mirta Solis, del periodo de Berna, volvieron a la debacle.
Relatan que los problemas más importantes tienen que ver con las no renovaciones de contratos de dos funcionarias de urgencia; con el amedrentamiento hacia los trabajadores a plazos fijos, a quienes “pese a llevar más de dos años trabajando, les hicieron nombramientos por seis meses argumentando que están a prueba”.
La sobrecarga laboral además de la presión del servicio de salud Antofagasta para que cumplan metas, los tiene agobiados y con su salud mental muy deteriorada. “Estamos bajo mucha presión, hay desinterés y eso genera ausentismo. Las licencias por salud mental alcanza entre un cinco y 10 por ciento del personal”, dicen las dirigentas.