El camino era claro: si mediante el plebiscito de salida el país aprobaba la Constitución, el proceso de transformar la salud en un derecho y que el Estado asumiera la responsabilidad de organizar un sistema nacional de salud quedaban definidos. Como no fue así, se requiere llegar a acuerdos para avanzar en la universalización de la atención primaria, objetivo fijado en el Programa del actual Gobierno.
A mediados de julio, el Ministerio de Salud formó el Consejo para la Universalización de la Atención Primaria de Salud, integrado por ex ministros de salud, la academia, presidentes de las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado, Confusam, Colegio Médico y Ancosalud, entre otros. En septiembre entregó una propuesta sobre cómo avanzar en el proceso.
El salubrista y asesor de Confusam, Ricardo Fábrega, afirma que el documento plantea una definición de atención primaria en línea con los acuerdos a nivel internacional. Asimismo, considera cinco líneas estratégicas de desarrollo que también estarían en concordancia, lo mismo ocurriría con las propuestas de intervenciones.
Donde habría, a su juicio “dificultades”, es en el actual contexto económico y político del país, lo que debiese hacer que el inicio del proceso fuese en 2024, “sincerando que no estamos en condiciones de universalizar desde el próximo año”. Expresa que además de las trabas económicas, construir un acuerdo para que haya APS universal -a su juicio-, no tomará menos de seis meses por lo que retrasarlo para 2024 sería lo lógico.
¿Qué es APS universal?
El experto hace hincapié en que a pesar de haberse perdido el plebiscito por la nueva Constitución, la gente sí quiere que la salud sea un derecho. Además, añade, que Chile ha firmado acuerdos internacionales para avanzar en establecer una atención primaria universal. Por lo tanto, lo anterior implicaría, “que el Gobierno y el arco político acuerden que en los próximos cinco a seis años, se vayan cerrando brechas y presupuestos. De manera, que lleguemos al 6 por ciento del PIB en salud y al 2 y tanto por ciento en APS”.
Remarca que los 7 mil millones destinados a iniciativas para 2023, permitirían -mediante un piloto- evaluar en un par de comunas cómo se comportarán los inscritos en Isapre y Fuerzas Armadas, determinando el costo que tendrá para el sector público incorporarlos. “Las isapres tendrán que ponerse lo mismo las FF.AA. y el Estado asumir a los informales; la universalización no es expandible sino se aborda su financiamiento”, declara.
Tan importante como abordar el financiamiento es determinar qué se hará. Dice Fábrega que no se trata de entregar consulta médica a todos porque eso no es atención primaria: “lo que necesitamos es un equipo cercano, multidisciplinario, con enfoque territorial y comprometido en el largo plazo con mantener a las personas saludables”, señala.
El salubrista remarca que ayudar a la gente a mantenerse saludable implica que no haya aguas servidas cerca del hogar; que practiquen actividad física; que coman bien, entre otros, a lo cual deberán contribuir otras instituciones del Estado. En ese sentido, plantea que existen diferencias con el documento que entregó el Minsal donde se indica que la universalización se debe iniciar progresivamente partiendo por lo asistencial.
Indica estar de acuerdo en una partida progresiva, pero “con todo a la vez, desarrollándonos armónicamente. No puede ser que sigamos haciendo consultas de enfermería y médicas, poniendo vacunas y, posteriormente, pasar a otra fase que incluya empoderamiento de la ciudadanía y acción intersectorial. Es todo junto”.