La teleserie salvataje a las isapres, ha añadido un nuevo capítulo luego que el Gobierno presentase una propuesta en el proyecto de reajuste del sector público para alterar y adelantar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA). La medida, apenas daría un respiro a las instituciones de salud previsional, luego de las rebajas que fueron obligadas a hacer por un fallo de la Corte Suprema sobre las alzas en la prima GES. Sin embargo, elegir esa vía para intentar rescatarlas, implica adulterar una herramienta que se utiliza para frenar las alzas indiscriminadas de estas instituciones. Como lo califica un experto “sería equivalente a manipular el IPC”.
Aún así, la misma industria le ha quitado piso a la iniciativa. Ha señalado que el incremento promedio en los planes que podrían aplicar es de 2,8%, muy por debajo de la caída de 12% de sus ingresos por el fallo GES. Ellas siguen interesadas en la mutualización que es la medida que propuso la Comisión Técnica del Congreso y que rebaja de manera importante su deuda.
No olvidemos que, en el último tiempo y a raíz de dictámenes de la Corte Suprema, las isapres han acumulado dos deudas con sus usuarios. La primera deriva de la orden de aplicar la tabla de factores de 2019 de la Superintendencia que conlleva devolver recursos estimados a abril de 2023 en 1.450 millones de dólares y como el fallo no se ha ejecutado el monto sigue subiendo. Y la segunda, es por el aumento en las primas GES, montos que se rebajaron recientemente.
La mutualización
Mutualizar la deuda significa hacer un recálculo de lo que se le debe a cada persona, basándose en el supuesto inexistente de que si a algunos se les tiene que cobrar menos producto de la implementación de la tabla única, a otros tendría que habérseles cobrado más. De esa forma, se les devolvería solo una parte de la deuda a cada persona.
En ese sentido, el salubrista y asesor de Confusam, Ricardo Fábrega, señala con firmeza que “la mutualización no es una opción y cualquier cosa que hagan para bajar la deuda es ilegal, porque es materia juzgada, esos dineros ya son propiedad de las personas”. Agrega que si el Estado interviene “es una expropiación y, por lo tanto, habrá centenares de juicios para que el estado pague y será un perdonazo”.
Añade que quienes buscan que se respete el fallo de la Corte Suprema -como los sindicatos de la salud, salubristas y otros- , no están de acuerdo en que con platas públicas se rebaje la deuda de las isapres, pero tampoco les interesa que quiebren, asegura.
Fábrega argumenta que se les debe dar bastante plazo a las isapres para que paguen y no quiebren, así como permitir que puedan subir precios sin discriminar y con razones fundadas y técnicas, “pero sin alterar el ICSA. Lo que hay que hacer es un recálculo por una vez considerando las nuevas condiciones”.
Reflexiona conque si ajustan sus precios al alza, serán los incritos quienes decidan si se quedan y para quienes se cambien al Fonasa, se debe tener una modalidad de seguro complementario. “Si te vas a Fonasa disminuirá tu cobertura, pero si te ofrecen un seguro complementario puedes comparar y eso es lo que necesita la gente de clase media alta”. De hecho ya se están ofreciendo seguros, pero no regulados al no haber un seguro referente de Fonasa que fije un piso. Esa modalidad existe en el proyecto de Ley Corta de Isapres, pero no ha avanzado como presión para que se apruebe la mutualización.
Choque de trenes
A juicio del salubrista, el Gobierno debiese ponerse firme y asumir que esto es un choque de trenes, donde él tiene airbag, un buen vehículo y la disposición de seguir adelante. “Al Gobierno le ha faltado declarar que si no le dan la modalidad complementaria y se acepta el plazo y las condiciones, intervendrá las isapres en problemas, dejará corralito indefinido y mantendrá flujo financiero hasta que el sistema se vaya ajustando. Así, se va preparando todo para que esos afiliados se vayan a Fonasa. Eso es una demolición controlada y puede durar menos de dos años dependiendo de cuan bueno sea el interventor”, plantea.
Concluye Ricardo Fábrega conque el Estado tiene todas las herramientas para que el choque no perjudique a las personas: “si es necesario meter plata, se hace; si se requieren créditos Corfo para las clínicas, se les dan; lo que no se puede hacer es ponerle recursos a unas aseguradoras que no son viables, y que están desprestigiadas”.
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