“Por lo menos, una vez al mes se producen intoxicaciones en Quintero por la emisión de contaminantes de las empresas que están instaladas aquí”, denuncia el presidente de la Afusam de esa comuna Daniel Ríos.
El dirigente, quinterano de toda la vida, muestra su decepción porque a pesar de las múltiples comisiones y reuniones con diversas autoridades en las que ha participado, decenas de movilizaciones y de acciones por parte de la población, nada ha cambiado. Bueno, sí, algo cambió, se cerró la fundición de Codelco Ventanas en 2023, pero las restantes 20 empresas que integran el cordón industrial ubicado entre Quintero y Puchuncaví permanecen allí, dañando la vida de más de sesenta mil personas en lo que se ha llamado zona de sacrificio.
Y todo esto no parece importar mucho a las autoridades: Siguen llegando nuevas industrias como la desaladora Aguas Pacífico que pronto iniciará sus operaciones.
Hace unas semanas, señala Daniel, otro episodio de contaminación afectó nuevamente a las y los alumnos de los colegios de la comuna. Los cerraron y pronto estaban funcionando de nuevo. “Sabemos que no se hará nada porque la contaminación la producen empresas privadas”, dice el entrevistado. Entre las que más contaminan según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales están: Aes Gener, Enel, GNL Quinteros, Gasmar, Oxiquin, Puerto Ventanas y Copec.
Según distintas pruebas realizadas en la comuna se ha detectado presencia mayoritaria de dióxido de azufre, benceno, arsénico, cobre, plomo y zinc. Al respecto, enfatiza Pablo Salinas, encargado de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de CONFUSAM, que un estudio liderado por la Dra. Eva Madrid, publicado en la revista internacional Environmental Geochemistry and Health, demostró que las personas que viven en zonas contaminadas de Quintero, Puchuncaví y Concón presentan mayor daño en su ADN, asociado a la exposición a metales pesados presentes en el suelo.
La normalización institucional
Recuerda Daniel que luego de las masivas intoxicaciones en 2018 hubo importantes movilizaciones que se fortalecieron con el estallido social y la esperanza de una nueva Constitución que resguardara la salud y el medio ambiente. Sin embargo, “el país eligió que no hubiese cambios y somos un territorio sumamente afectado por esa decisión”, señala con amargura.
En 2023 renació la esperanza cuando se movilizaron los pescadores a raíz de la instalación de la desaladora de Aguas Pacífico, porque dañaría el ecosistema y su sustento diario. Tras casi tres meses de una toma que impedía avanzar con el proyecto, fueron desalojados y acordaron con la empresa que les construyese una fábrica enlatadora de jibia. El progreso no podía detenerse y menos una inversión de mil millones de dólares.
Dice el dirigente con pesar que se ha reducido la lucha ambiental en esas localidades, aunque siguen firmes la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví y algunos sindicatos.
Los trabajadores de la atención primaria han vivido en carne propia este abandono gubernamental. En 2018, producto de una nube tóxica que afectó a la posta de Loncura, acudieron por vómitos y naúseas al IST. Pero solo les dieron una primera atención sin seguimiento, argumentando la institución que “la situación no era laboral, porque no trabajamos con químicos y la Suseso los respaldó. Esa es una falencia de nuestro seguro”, afirma.
Así, comenta, que la atención primaria tampoco pueden hacer mucho por los estudiantes y población cuando hay peak de contaminación: “aunque haya gente vomitando damos paracetamol”.
Concluye con preocupación que “no es posible que nos enfermemos porque se permite que empresas contaminen el lugar que habitamos. No queremos seguir siendo un caso perdido porque la Constitución y las políticas públicas han abandonado la protección de nuestra salud y medioambiente”.
Megaproyecto en Puchuncaví
Por su parte, el dirigente nacional Pablo Salinas denuncia que al lado de Quintero, en Puchuncaví, se pretende instalar un megaproyecto inmobiliario en el sector de Quirilluca. La iniciativa contempla la construcción de 14.180 viviendas en más de mil hectáreas, lo que podría significar la llegada de cerca de 60 mil personas, triplicando la población actual de la comuna.
Añade que uno de los puntos más críticos es que se talarán 139 hectáreas de bosque nativo, lo cual “no solo afecta a la flora y fauna también impacta directamente en la calidad del aire, el equilibrio del entorno y las condiciones de vida de las personas”.
Otro elemento preocupante, destaca, es la calidad del suelo. Afirma que estudios han detectado que existen niveles de arsénico por sobre normas internacionales producto de que por más de 60 años la fundición Enami- Codelco en Ventanas ha emitido contaminantes.
Comisión Nacional de Medio Ambiente
Por estas razones, señala Pablo Salinas: “Seguiremos dando la lucha, visibilizando el daño irreversible que sufrirá Puchuncaví. Este conflicto se trasladará al Tribunal Ambiental, donde deberán evaluarse en profundidad sus impactos”.