En un túnel sin salida se encontraban las isapres, luego de la sentencia de la Corte Suprema que las obligaba a pagar excedentes cobrados a sus afiliados, después de cuatro décadas de obtener millonarios beneficios económicos para sus bolsillos. Sin embargo, parlamentarios cercanos a sus intereses presentaron un proyecto de reforma constitucional que elimina la deuda. Así, se busca hacer borrón y cuenta nueva, para que estas entidades no devuelvan cobros en exceso, no bajen sus planes y perpetúen la discriminación.
Como “un portonazo de las isapres”, califica el salubrista Ricardo Fábrega, el proyecto que se acaba de aprobar en general en la Comisión de Constitución del Senado. Este -presentado en diciembre pasado por los parlamentarios Ximena Rincón, Matías Walker, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea y Javier Macaya- propone reformar la actual Constitución para subir en forma retroactiva los precios de los planes y luego reducirlos aplicándoles la tabla de factores de la Superintendencia de 2019, según reciente fallo de la Corte Suprema. De esta manera, “no tendrán que devolver los 1.400 millones de dólares que adeudan y prolongarán para siempre la discriminación a las mujeres y ancianos”, explica.
Ricardo Fábrega
El experto advierte que se requiere un alto quorum para aprobar la reforma constitucional y que no estarán los votos. Además, remarca, que es una falta de respeto hacia un poder del Estado tratar de eludir el cumplimiento de la sentencia.
Los antecedentes
Producto de la constante discriminación de las isapres hacia ciertos grupos, se fue judicializando este tema. Por ello, en 2010 el Tribunal Constitucional determinó que las discriminaciones por edad y sexo eran incompatibles con el derecho a la igualdad ante la ley y que debían ser reguladas por el legislativo. Como lo anterior no ocurrió, las causas judiciales presentadas por los afiliados se comenzaron a agolpar por miles en tribunales. Solo en 2022 se llegó a 660 mil, lo que motivó el fallo de la Corte Suprema de noviembre de ese año, que establece que solo operará la tabla de factores de la Superintendencia de Salud de 2019 y determina devoluciones de montos cobrados en exceso.
La sentencia, según se ha calculado, implicaría que estas instituciones deban devolver 1.400 millones de dólares a sus afiliados, montos que estos pagaron demás entre 2020 y este año; bajar el precio de los planes en 600 mil contratos y dejar de duplicar cobros a menores de dos años. Esta situación, según han señalado las isapres, llevaría a su quiebra.
Considerando lo anterior, la Superintendencia de Salud no ejecutó la sentencia de la Corte Suprema y el Gobierno se abocó a elaborar un proyecto de ley corta presentado recién al Congreso el 9 de mayo. Este, según el economista David Debrott, busca “resolver un problema que no tiene solución, porque cualquier fórmula implica no cumplir el fallo. Además, Gonzalo Simon, presidente de las isapres, ya reconoció que -sin considerar el pago de la deuda-, solo por disminuir el doble cobro a los niños, las isapres van a quebrar,” afirma.
David Debrott
Cabe señalar, que el proyecto de ley del Gobierno pretende que sean las mismas isapres quienes propongan cómo pagarán su deuda y faculta a Fonasa para negociar coberturas adicionales con compañías de seguros, orientadas a quienes se cambien al sistema público.
A juicio de Debrott, ante la actual crisis, los pasos que se deben seguir con urgencia son los siguientes: implementarse con rapidez aquellas secciones del fallo cuya aplicación es inmediata. Es decir, que la Superintendencia instruya bajar los precios de los planes y elimine la duplicidad de cobros a los menores. A su vez, indica que esta debe declarar el Régimen especial de supervigilancia y control a las isapres, herramienta que le entrega facultades para -entre otros- evitar que hagan traspasos o ventas de activos, sin su autorización.
Agrega que también se debe terminar con la liberación de garantías. Ello porque desde que las isapres comenzaron con problemas económicos serios en septiembre del 2021, tuvieron dificultades para constituir garantías. Al igual que otras instituciones tienen la obligación de depositar en una corredora, el mismo valor que adeudan a prestadores y beneficiarios, para resguardar los pagos ante una insolvencia. En 2021, la Superintendencia liberó de esa obligación un monto de 77 mil millones y, en 2022, otros 635 mil millones de pesos.
El economista remarca que la garantía existe precisamente para enfrentar dificultades financieras. Sin embargo, si hoy quiebran estas entidades, “estarán en las peores condiciones”. Recordó que en 2017 quebró la isapre Masvida y hasta la fecha los prestadores solo han recuperado el 35 por ciento de la deuda.