Un apretón de cinturón muy fuerte después de dos años de pandemia es lo que plantea hacer el Gobierno con el presupuesto para 2022. Si se le suma el alza de las tasas de interés decretada por el Banco Central, puede provocar un frenazo para la economía demasiado brusco luego de vivir la mayor crisis sanitaria de nuestra historia.
De que es necesario ajustar el gasto fiscal no hay dudas, pero la discusión radica en cuál debe ser la velocidad para recuperar el equilibrio. No olvidemos que el presupuesto original del año pasado y el de este recibieron un espaldarazo que permitió financiar las acciones de contención y manejo de la pandemia, así como apoyar económicamente el empleo y a las familias.
Lo anterior, hizo que el déficit del Fisco se elevará a 11.5 y el actual Gobierno quiere reducirlo en un solo año a 3.9, “lo que implica un apretón muy fuerte. Se pueden dar pasos más cortos y tardar cuatro o cinco años en nivelar gastos e ingresos y no ser tan drásticos en el primero”, argumenta Manuel Gajardo, asesor de Confusam.
Precisa el economista que existe otra estrategia para equilibrar que no está siendo usada. “Frente a un déficit tienes dos opciones: bajar tus gastos o subir tus ingresos. Entonces, por qué no hacemos un mix; ajustamos un poco el cinturón y también subimos los ingresos vía impuestos. De esta manera, se podría acortar la brecha no solo sobre la base de apalancar con gasto”, plantea. Cabe recordar que existen proyectos de ley en el Congreso para eliminar exenciones tributarias y elevar impuestos, que permitirían incrementar la caja fiscal.
Asimismo, advierte Manuel que con los ajustes se le está rayando la cancha a la entrada del próximo gobierno. En ese sentido, los 700 millones de dólares de libre disposición que se le dejan y sobre los cuales se ha hecho tanto aspaviento, no serían relevantes porque ni siquiera equivalen al uno por ciento del presupuesto total. “Todo los gobiernos le dejan al nuevo un margen de acción sino te convertirías solo en un ejecutor. Pero lo determinante no es el balón de oxígeno porque el presupuesto supera los 80 mil millones de dólares”, dice.
Respecto al porqué el Ejecutivo quiere reducir el gasto en un 22 por ciento para el próximo año, señala el profesional que -fundamentalmente- es por ortodoxia neoliberal. “Este gobierno siempre tuvo como objetivo tender al balance estructural, en su ideario estaba terminar su periodo con medio punto”. Pero, claro, le tocó enfrentar el estallido social primero y luego la pandemia, lo que hará imposible cumplir su promesa.
Los ajustes en salud
Para el salubrista Bernardo Martorell, la principal característica del presupuesto general es que provoca una contracción muy intensa en el gasto: “es un presupuesto como si no hubiésemos enfrentado la mayor crisis sanitaria de la historia, todo el gasto extra es como que no existió y es peligroso frenar sin gradualidad”, argumenta.
En el ámbito específico de Salud señala que si bien se crece un 3,9 por ciento respecto a la ley original del año pasado, no contempla recursos para atender demanda sanitaria acumulada. Por su parte, los 838 millones de dólares extra del Fondo de Emergencia en Salud, son para vacunación Covid -casi la mitad- y el monto restante es para las otras estrategias de apoyo como PCR, recurso humano y trazabilidad. Con este fondo el incremento del presupuesto sectorial alcanza a 9.9 por ciento.
Plantea Martorell que al próximo Gobierno le resultará muy difícil reparar la salud poscovid, y proyecta que esa situación podría generar un alto endeudamiento personal, porque se buscará atención en el sector privado.
Añade, asimismo, que es comprensible que disminuya el gasto extraordinario pero es urgente determinar cuánto se necesitará para atender lista de espera e incluir ese monto en el presupuesto. Plantea que ciertos sectores del país, aun no entienden, “que la salud es la plataforma sobre la cual hacemos la vida; las personas trabajan, gastan y producen porque tienen salud. Es una inversión para el funcionamiento de la sociedad y la economía del país”.
Específicamente en atención primaria, el per cápita sube 350 pesos y si se incluye el aumento del IPC queda en $8.731 (actualmente alcanza a $8.027), debiendo considerar prestaciones de refuerzo a los programas cardiovascular, respiratorio y epilepsia. Por ello, enfatiza el salubrista que el aumento no cierra brechas, “porque se agregan prestaciones y todavía no sabemos si existían o son nuevas.”
A su vez, el presupuesto hospitalario para el próximo año se eleva mucho más que el de APS, y una de las principales razones es que se regulariza el aumento de la dotación de camas UCI que pasa de 6,5 por cien mil habitantes a 9.5. Martorell destaca que el tema no es el alza en sí porque es justificada sino que atención primaria no crece en igual porcentaje, marcando claramente una visión hospitalocéntrica: “Sabiendo que hay una alta carga sanitaria por resolver, uno esperaría que el crecimiento fuese, al menos, igual”, remarca.
Si bien, la discusión presupuestaria recién comienza en el Congreso, se yergue como espada de Damocles que de no llegar a acuerdo, primará la propuesta del Ejecutivo. Pero a un Presidente tan debilitado como el nuestro, no le quedará otra opción que negociar.
