Luego que no se consiguieran los votos de la derecha para aprobar la Reforma Tributaria, el Gobierno levantó una propuesta más acotada para financiar las principales iniciativas sociales que prometió durante su campaña. Esta nueva vía se llama Pacto Fiscal y el economista y asesor de Confusam, Manuel Gajardo, la califica como “de dulce y de agraz” porque, si bien, aportaría recursos a salud, “también trae granjerías para el mundo empresarial”.
Con el rechazo a la Reforma Tributaria en el Parlamento, a principios de año, se derrumbó la posibilidad de obtener los recursos que financiarían la universalización de la atención primaria; listas de espera; el aumento de la pensión universal garantizada a $250.000; resolver la deuda histórica de profesores y profesoras; invertir en infraestructura educativa; aportar al Plan de Emergencia Habitacional y fortalecer el sistema nacional de cuidados, entre otros objetivos gubernamentales.
Por ello, el Ejecutivo levantó una solución parche denominada Pacto Fiscal que no es igual a la anterior, ya que se espera recaudar bastante menos. Esta opción, señala Manuel Gajardo, “Es un pool de medidas para que crezca la economía y cobrar impuestos, está compuesto por varios proyectos de ley algunos ya en el Congreso”.
El Pacto Fiscal
Para que no tenga el mismo destino que la Reforma Tributaria, el Ministerio de Hacienda se ha dado a la tarea de mantener numerosas reuniones con los partidos políticos para llegar a acuerdos transversales. De esta manera, el Pacto se focaliza en cuatro objetivos: pensiones, salud, seguridad ciudadana y protección social, e involucra conseguir recursos por 8 mil millones de dólares que equivalen al 2.7 del PIB.
En resumen, a pensiones se destinaría un 1.2 del PIB y a atención primaria un 0.5 (en total, el monto para salud es el 0.9). Expresamente en un documento de Hacienda se precisa que “en línea con el estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, se contempla un aumento del per cápita, al menos a 12 mil pesos, considerando una población de 14,5 millones de personas y cambio al Plan de Salud Familiar, en materia de brechas y realidad epidemiológica”. Lo anterior, iría acompañado con un nuevo marco evaluativo y de desempeño de la salud primaria que vele por el monitoreo de procesos, resultados y experiencia usuaria. Expresa por ello, Gajardo que Confusam debe participar de la discusión porque habrá condicionamientos como “incremento horarios de atención y regulaciones, lo cual no puede pasarle por encima”.
Respecto a las concesiones que el Pacto hace al empresariado, señala el economista que algunas tienen que ver con “la generación de un fondo de inversión, con depreciación más acelerada, con rebajas tributarias en la compra de activos fijos. El acuerdo será con un horizonte de diez años que dará estabilidad para invertir;, hay varias franquicias y, por supuesto, se eliminó el impuesto a los ricos que estaba en la reforma tributaria”. Plantea, asimismo, que hay una serie de temas que no se ven aun como AFP o isapres, los cuales tiene la impresión que la derecha está poniendo en la mesa para llegar a acuerdos. En ese sentido, no descarta que esté entre ellos, la rebaja del monto de la deuda de las isapres con los usuarios de 1.400 millones de dólares a 400. Dice que “son temas que con un Gobierno que necesita avanzar en el Pacto Fiscal para generar lucas que le permitan cumplir parte de su programa, tienen que estarse discutiendo de manera invisible”.
Finalmente, Manuel Gajardo indica que si bien a la Confusam le convendría apoyar este acuerdo, porque se inyectan recursos a la APS, “es complejo porque lleva una visión de desarrollo país subordinada a la discusión con el mundo empresarial y a la derecha. No es una transformación empujada desde el mundo social, es hija de un pacto en una correlación de fuerzas adversas y tiene de dulce y de agraz, por tanto el mundo sindical tendrá que evaluar el saldo.”
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