La negociación por el reajuste que debe llevar adelante la Mesa que agrupa al sector público, se verá afectada este año por una serie de condicionantes que dificultarán lograr su objetivo. Por ello, más que en otras oportunidades, la unidad y movilización de las y los trabajadores será el motor fundamental para alcanzar un buen acuerdo.
El economista y asesor de Confusam, Manuel Gajardo, da cuenta del marco económico en el cual se desarrollará el proceso negociador. Indica que 2023 será un año de contracción de la economía: “De acuerdo a las últimas proyecciones del Banco Central podría reducirse el PIB en un uno por ciento. Eso tendrá consecuencias para las arcas fiscales cuyo principal ítem es la recaudación tributaria”, indica.
Manuel Gajardo
A lo anterior, añade que el Gobierno de Piñera heredó un déficit fiscal de 10,7 y el compromiso del actual, es reducirlo casi a cero en cuatro años, “lo cual significará ser muy austero en el gasto para ir cerrando esa brecha”. Agrega, asimismo, que al haberse incrementado la deuda externa durante la pandemia, “los recursos que antes se destinaban a gasto social o salarial se irán a pagar sus intereses”.
Como si fuera poco, a este panorama hay que sumarle un hecho más. Luego del triunfo de la opción rechazo en el plebiscito de salida, el Gobierno de Gabriel Boric ha venido reformulando a la baja sus expectativas de cuánto recaudará vía reforma tributaria. Si bien, se partió con una proyección de 5 puntos del PIB ahora ya se plantea que alcance a 3.5, lo que va dejando una caja más vacía para financiar su programa. Gajardo plantea que siendo las remuneraciones uno de los ítem mayores del gasto fiscal, “se sentirán tentados a contenerlo para compensar los recursos que nos obtendrán con la reforma”.
Todo lo anterior, convertirá a este proceso en una de las negociaciones más complejas de los últimos años. La presidenta de Confusam, Gabriela Flores, expresa que los gremios están conscientes de las dificultades que conllevará llegar a acuerdo. “No tenemos clara aun la postura del Gobierno, pero nuestro mandato es recuperar el IPC, que se calcula llegará a un 12 por ciento, y obtener un reajuste decoroso para avanzar”, declara.
Gabriela Flores
El 2021 si bien se logró un incremento del 6.1 y el IPC alcanzó al 6.7, considerando los otros beneficios acordados, se obtuvo un 0,4 sobre la inflación. En esta ocasión, explica la dirigenta, además de bonos , se plantea como demandas: la homologación como zonas extremas de Chiloé y Palena; complemento de zona que se adeuda a varias regiones; recuperar el congelamiento del trato usuario que ya lleva dos años;, aumentar el piso de la ley de sueldos; asignación para tens de nivel superior y recuperación de la asignación profesional. También, se pedirá abordar la seguridad de las y los trabajadores del sector público.
Concluye Gabriela Flores que si el Gobierno, “se viene en la dura, nos verá en la calle porque representamos a las y los trabajadores y nos debemos a ellos.”