Además, del 6.5 por ciento de reajuste en los sueldos que se propone, el pliego de negociación de la Mesa del Sector Público aborda múltiples lineamientos para mejorar las condiciones laborales buscando avanzar en que la tarea pública sea un espacio de trabajo decente para quienes allí se desempeñan.
El documento que agrupa los planteamientos de los 16 gremios fue entregado formalmente el 13 de noviembre y, según señala la presidenta de Confusam, Gabriela Flores, podrían iniciarse las negociaciones la primera semana de diciembre y terminar a mediados de ese mes. Lo anterior, porque el Gobierno ya expresó que va a esperar hasta que esté aprobado el presupuesto nacional.
Las y los trabajadores del sector público plantean en el documento su crítica de que no se han materializado las expectativas generadas por este Gobierno: “más bien vemos como se despliegan iniciativas en favor de los grandes empresarios”, dicen. En ese marco, resaltan que -si bien- comprenden los esfuerzos para sacar adelante el pacto fiscal, no es igualmente entendible “la condescendencia con los grandes empresarios junto con darle la espalda a las y los trabajadores que mayoritariamente confiaron y se pronunciaron por este gobierno.”
Así, solicitan que emulando los avances obtenidos en salario mínimo, desde diciembre ningún trabajador/a que se desempeñe en el sector público, obtenga un ingreso mensual por estamento inferior a 550 mil (auxiliares); 605 mil (administrativos) y 645 mil (técnicos 645 mil), incluyendo a los funcionarios de atención primaria, declara la dirigenta.
Asimismo, conjuntamente con pedir un aguinaldo navideño de 67 mil para los sueldos bajos y de 35 mil para los altos, remarca la presidenta de Confusam que para evitar lo sucedido, sino se alcanza a pagar el nuevo monto en diciembre, se garantice el valor del año anterior y después se regularice. También, como una forma de impulsar equidad, se exige que las demandas económicas se hagan extensivas a la totalidad de las y los funcionarios independiente de su marco laboral.
Incentivo al retiro y otras demandas
Asimismo, se solicita incorporar los acuerdos alcanzados respecto de extender el beneficio de incentivo al retiro hasta diciembre de 2025, así como los aumentos de cupos y el otorgamiento de un plazo excepcional para postular. A la vez, se reitera que debe contarse con un cronograma para alcanzar acuerdos para una ley general para el sector público más allá de 2025.
Por otra parte, específicamente para Confusam se demanda que la Ley de Reajuste reitere las normas acordadas para los años 2020 al 2022 referidas al cumplimiento de Metas Sanitarias y PMG, así como la Asignación de Trato Usuario para 2023. En esa misma línea se pide instalar una mesa de trabajo que evalúe y mejore el financiamiento y operación de ese bono. Además, que se incorpore a los mecanismos vigentes de Asignación de Zona y Bonos de Zonas Extremas, a los trabajadores/as de la APS; bono Atacama y un bono para quienes tengan título de nivel técnico superior.
Mesas de trabajo
Gabriela Flores, plantea que si bien se ha estado trabajando en varias mesas con el Gobierno, “no ha sido mucho los avances en salud mental, violencia, cuidados del niño, y la agenda de género”.
Respecto a las 40 horas, se solicita acelerar la instalación de submesas sectoriales, fijar cronogramas, Ingresar proyectos de ley que implementen los acuerdos a más tardar en junio de 2024. Sobre la Mesa de Cuidado Infantil, se plantea fijar un cronograma para abordar demandas centrales como: ampliación del derecho a sala cuna para todos los funcionarios públicos; ampliar, cobertura de los niños de 2 a 12 años; legislar en función de regular de forma permanente, mecanismos de protección que garanticen el acceso y oportunidad respecto de las necesidades y derechos de cuidado en situaciones excepcionales, y proyectar la extensión de Clubes Escolares, avanzando en el proceso comprometido de diagnóstico.
Sobre las mesas de seguridad funcionaria y salud mental se solicita dar continuidad a su desarrollo con un cronograma que aborde las materias pendientes. Asimismo, se reclama por el nulo avance en teletrabajo y equidad de género. En esta última, específicamente se plantea ampliar y profundizar el Estudio de Brechas de Género de la DIPRES; implementar 3 Pilotos en Servicios Públicos de Evaluación de Puestos de Trabajo con perspectiva de Género y avanzar en la implementación del Convenio 190 de la OIT.
En cuanto al trabajo decente donde tampoco ha habido avances, se indica como objetivos principales: abordar brechas salariales; carrera funcionaria; regularización honorarios en el Estado central; cierre de brechas PMG JUNJI; Zonas y Zonas Extremas y viático único.