“El decreto 333 es solo el primer recorte; el subsecretario Julio Montt anunció que será parte de un plan a cuatro años para reducir 2.8 billones de pesos en salud. Eso equivale a más del financiamiento anual de la atención primaria, que alcanza a 2.4 billones, imagínense el impacto que podría tener”, denuncia el vicepresidente de CONFUSAM, Cristian Rodríguez.
Asimismo, enfatiza que se le rebajarán impuestos al empresariado: “a costa de restringir el financiamiento para la salud pública, le estamos pagando devolución de dineros a los grandes grupos económicos de este país”, protesta.
El dirigente afirma que el Ministerio de Salud ha insistido en que el recorte no afectará la atención directa de los usuarios. Sin embargo, el análisis efectuado por CONFUSAM proyecta otra situación.
Programas que se recortan
Son tres los programas de APS a los que se le recortan casi 19 mil millones de pesos este año. El Fondo de Farmacias (Fofar) pierde $1.651 millones: lo cual implicará que las comunas no podrán financiar mejoramientos para reducir tiempos de espera y habilitar salas de espera, entre otras. Además, plantea Cristian que podría afectarse la entrega de fármacos a domicilio, beneficio para adultos mayores y postrados a quienes se les facilita el acceso a los remedios.
El Fofar también permitió incorporar horas de químico farmacéutico a las comunas, quienes no solo supervisan recetas, también desempeñan funciones educativas con la comunidad que tiene poca adherencia a tratamientos y para ayudarlos en la administración de sus medicamentos.
Por otra parte, el programa de Apoyo a la Gestión Local (AGL) dejará de contar con 11 mil millones de su presupuesto. Este, expresa el vicepresidente de CONFUSAM, permite postular a proyectos de mantención y reparación de los centros o renovar sillones dentales, ecógrafos u otros equipos que se deterioran por el uso en los centros de salud. Este año solo habrá presupuesto de urgencia para derrumbes o incendios en los cesfam.
Y la Universalización de la Atención Primaria sufre un golpe fatal, perdiendo casi cuatro mil millones. Explica Cristian Rodríguez que se congela el ingreso de nuevos usuarios isapre y Capredena y solo se seguirá pagando por los que ya estén; tampoco se entregarán recursos para sumar usuarios Fonasa. Eso reducirá el presupuesto de manera importante.
Las comunas desarrollaron con este programa estrategias para ampliar el horario de atención incluso los fines de semana y “como se verá mermado ese financiamiento, muchos alcaldes hablan de reducir las extensiones horarias”, dice el entrevistado.
Expresa que la situación no es como la informó la ministra May Chomalí, respecto a que los recursos para extensión horaria no se disminuyeron. Indica Cristian Rodríguez que con horas de dentista y médico se cumple ese programa, pero que la Universalización permitió aumentar las horas de atención en un 30 por ciento “en las áreas que necesitase la comuna, y ahí va a repercutir”.
Por eso califica como “extraño” que la Ministra diga “que los alcaldes se gastaron la plata de la Universalización en cualquier cosa, porque estos programas (PRAPS) tiene controles financieros estrictos”.