Demasiado lenta fue la aprobación de la Ley de Reajuste en esta oportunidad. Sin embargo, resulta positivo, pese a la espera, que en 2025 la Mesa del Sector Público negoció que se incorporasen como permanentes los bonos de Navidad y Vacaciones, entre otros, permitiendo que fuesen pagados en su momento, aunque con valores del año anterior y la diferencia se cancelará una vez que se promulgue la norma.
Luego de ser revisada por el Tribunal Constitucional y tras una ardua tramitación en el Congreso que no estuvo exenta de opiniones en contra de la función pública, la Ley se publicó el 5 de febrero. Con ello, el reajuste llegará de manera retroactiva a los bolsillos de las y los miles de funcionarios públicos.
Lo ganado
Como recuento de este proceso, el vicepresidente de CONFUSAM, Cristián Rodríguez, destaca además del reajuste general a las remuneraciones de un 3.4% -que se pagará en dos etapas-, el incremento en cinco mil millones del Fondo para Bono Trato Usuario de la atención primaria, que ayudará a cerrar la brecha con el sector hospitalario.
Señala al respecto que CONFUSAM viene negociando desde 2023, “para que se equiparen los valores del bono que se entrega en los hospitales con el de la atención primaria, considerando que hasta 2025 la diferencia aproximada era de cien mil pesos por tramo”.
De esta manera, expresa el dirigente que “los mayores cierres se producirán en los tramos 2 y 3 que concentran al 80 por ciento de las y los funcionarios”. Así, las brechas de los tres tramos no superarían el 15 por ciento por debajo de los valores de los bonos del sector hospitalario.
“El año pasado -precisa Cristián-, en el tramo 3 “la distancia con el hospital era de un 71 por ciento y, ahora, de aproximadamente un 10 por ciento, cubriendo solo ese tramo a más de la mitad de las y los trabajadores de atención primaria”.
Se repuso el Bono Atacama que se había eliminado en el Congreso y se recuperó el Bono Poslaboral. Este último, se había acabado en 2024 porque estaba amarrado a la ley de incentivo al retiro, operando para quienes habiendo cotizado en el sistema antiguo fueron traspasados a las AFP: “Pedimos que se extendiera este beneficio que es una compensación por daño previsional y lo conseguimos”, dice.
También se consiguió reajustar los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad así como los bonos de vacaciones y escolaridad y se logró un bono especial por término de conflicto. Finalmente, se obtuvo un alza de un cinco por ciento en los sueldos mínimos, lo que beneficiaría a tens, auxiliares y administrativos en esa situación.
Lo que se perdió
El dirigente plantea que en el Congreso “se perdieron todos los artículos que se habían negociado con el Gobierno para fortalecer la función dirigencial. Era importante haberlos aprobado, porque hay muchas comunas donde los alcaldes tienen una actitud poco receptiva y queríamos disponer de más herramientas para hacer el trabajo sindical”, declara.
Entre esos puntos, estaba que las autoridades -por obligación- tuviesen un máximo de diez días para recibir a la dirigencia: “Ese artículo nos hubiese permitido dialogar con autoridades alcaldicias con las que llevamos meses tratando de hablar y no quieren”.
Lo otro fundamental que quedó fuera fue la Confianza Legítima. En ese ámbito se solicitaba que a las contratas, con dos años de trabajo en el mismo servicio, se le explicaran las razones sino se renovaban sus contratos: “pedíamos garantías mínimas para que la persona supiese por qué la echaban”; indica Cristián Rodríguez.
Indica el dirigente que el tema de fondo que provoca esta situación, es que no se cumple con la ley que señala que un 80 por ciento de la dotación tenga contrato indefinido, y movilidad solo un 20 por ciento: “Si el Estado y las municipalidades cumplieran la Ley, gran parte de los trabajadores públicos estarían cubiertos”, concluye.