El tema de un posible mal uso de las licencias médicas en el sector público venía dando vueltas hace un tiempo sin ser abordado con profundidad. Por ello, durante las negociaciones de los gremios con el Gobierno por el reajuste el año pasado, se acordó enfrentarlo creando una Mesa Nacional de Ausentismo cuyas conclusiones sirvieran de base a la presentación de un proyecto de ley al Congreso. Sin embargo, la denuncia de la Contraloría en mayo de que 25 mil funcionarios y funcionarias del Estado habían salido fuera del país durante su reposo médico durante 2023 y 2024, aceleró las definiciones.
De esta manera, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley con suma urgencia que instala tres días de carencia, es decir ese periodo no se paga, igualando el sector público al sector privado, lo que es rechazado por las organizaciones sindicales, entre ellas CONFUSAM.
Laura San Martín, encargada nacional de la Comisión Jurídica de nuestra Confederación y de la Secretaría de Salud de la CUT, señala que este proyecto de ley: “perjudica un derecho de la seguridad social, uno de los más importantes como es el derecho a enfermar. Hoy está en juego la protección del Estado sobre ese derecho al modificar el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral”.
Denuncia la dirigenta que esta normativa propuesta al Congreso, define un periodo de carencia de tres días que hoy no existe en el ámbito público, “homologándonos con el sector privado”. Asimismo, el proyecto modifica las normas sobre la causal de incompatibilidad de salud con el desempeño del cargo y busca fortalecer las competencias del Compin, temas que sí apoyan.
Añade que no es real que exista un abuso generalizado en las licencias médicas, porque “quienes lo han hecho son una ínfima parte de las y los trabajadores del Estado”. En ese sentido, manifiesta estar de acuerdo con que se los sumarie, “porque no se puede abusar de un derecho de la seguridad social. Pero, también, decimos que el Estado ha fallado en fiscalizar, porque son los empleadores, la Compin y las seremi de salud los llamados a hacerlo y no se hace por falta de recursos y de personal”.
Trabajo conjunto
La CUT junto a los ministros acordaron analizar el proyecto de ley.
Es así que hace unos días, la CUT concurrió a conversar con el Presidente de la República, Gabriel Boric, para explicarle el trasfondo de que se quite este derecho a las y los trabajadores del Estado. En ese marco, se concordó un acuerdo con los ministerios detrás de la propuesta de normativa ingresada al Congreso: Hacienda, Salud y Trabajo.
Como el proyecto ya se está discutiendo en la comisión de salud del Senado, se acordó formar con celeridad una Mesa de Trabajo con los tres ministros en cuestión y la CUT, para analizar el proyecto que modifica el subsidio de incapacidad laboral y conciliar su rol como un beneficio social. Para eso se definieron tres semanas. En este plazo se analizarán los antecedentes de su funcionamiento y se revisarán las propuestas del Gobierno, trabajadores y otros actores, para “garantizar un uso responsable evitando abusos e irregularidades, e identificando las medidas complementarias que aseguren atención oportuna y eficaz a las legítimas necesidades de los trabajadores, previniendo el fraude social”, afirma Laura San Martín.
Con ese fin, la CUT pedirá a todas las organizaciones asociadas que hagan sus observaciones para presentarlas a esta mesa.
Concluye la dirigenta expresando que, paralelamente, se trabajará en promover la probidad en la función pública, elaborando un código de ética.