Las cifras lo gritan con desesperación: cada vez ocurren más hechos de violencia en los recintos de salud, sucediendo la mayoría de estos en la atención primaria. Y, si bien las nuevas medidas del Gobierno para resguardar la seguridad en los lugares de mayor riesgo son indispensables, no abordan la causa principal que es la frustración de las personas por la falta de recursos, de profesionales y de horas médicas.
Mientras en 2018 se contabilizaron dieciocho denuncias por agresiones a nivel nacional en establecimientos de salud, el año pasado alcanzaron a 9.862. De estas últimas, 3 de cada 4 ocurrieron en centros de atención primaria; el 80 por ciento fueron amenazas verbales -sobre todo insultos y garabatos- y casi el 40 por ciento ocurrió en la Región Metropolitana.
Pero más allá de esos datos -y del incremento de situaciones gravísimas vinculadas a la delincuencia-, el personal de la salud primaria se ha convertido en el muro de contención para las demandas no cubiertas de un importante sector de la población: “La atención primaria siempre ha atendido a los más vulnerables y con menos escolaridad; por su situación también sufren de violencia intrafamiliar y hacinamiento en sus hogares, y cuando van a un centro de salud necesitan soluciones que, muchas veces, no somos capaces de darles por falta de recursos”, expresa la dirigenta nacional de CONFUSAM, Laura San Martín.
LAURA SAN MARTIN
Por su parte, Emma Herrera, presidenta de Confusam-Antofagasta, añade que, siendo las agresiones multifactoriales, una de las razones importantes es la carencia de infraestructura y de personal. Casi 300 mil habitantes de esa zona nortina se atienden en la salud pública, la cual a nivel primario cuenta con 8 cesfam cinco de los cuales fueron planificados para 10 mil personas y quedaron chicos hace tiempo.
Buscando abordar la falta de espacio, se les ha quitado zonas de comedores, patios de luz y salas multiuso a los funcionarios, hacinándolos en pequeños box y container, sin lograr hacer frente a la gran demanda. En ese sentido, agrega la dirigenta, “la frustración del usuario genera agresividad. Es un círculo vicioso y mientras eso no cambie, la violencia seguirá igual”.
Liderando el ranking de agresiones
Antofagasta es la comuna que lidera a nivel nacional las agresiones a las y los trabajadores de APS (255). Señala la dirigenta que el 60 por ciento son amenazas verbales y, entre estas, sobresale la práctica del hostigamiento: “lo que afecta la salud mental, porque te sacan fotos y te mandan amenazas por tus redes sociales. Las y los trabajadores se han visto obligados a cerrarlas para que los dejen de molestar”, indica.
EMMA HERRERA
Entre las otras causas detrás de la violencia, Emma destaca los problemas de salud mental que se agravaron bajo pandemia y que siguen sin abordarse, así como la migración. Específicamente en su zona, plantea que además de atender a mucha población de paso, los migrantes inscritos “son muy demandantes”.
Da como ejemplo que de las atenciones que brinda como asistente social, “más del sesenta por ciento son a extranjeros quienes representan solo el diez por ciento de nuestra población usuaria. Son muy demandantes, a diferencia del chileno que es reacio a atenderse. De esa manera, menos nos alcanzan las horas para cubrir a todos los que necesitan. Esa sobredemanda es un factor que va sumando sentimientos de frustración que llevan a la agresión verbal fundamentalmente”, agrega.
Concluye Laura San Martín advirtiendo que “sino se aumenta el financiamiento para atender a la población, no habrá solución a las agresiones en un corto plazo. Y no se trata solo de salud, esta debe unirse a vivienda, educación y desarrollo social para enfrentar los determinantes sociales detrás de la vulnerabilidad, la única manera es hacerlo todos juntos”.