Matías Asún, Director de Greenpeace Chile: “VIENEN MICROBATALLAS ENTRE LA ESPECULACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE””

-¿Qué es una zona de sacrificio?

-Son zonas donde campea la desigualdad y el abandono de los ciudadanos, quienes terminan siendo tratados como mano de obra barata y sacrificable. En esas zonas, la desigualdad beneficia los intereses de quienes destruyen los equilibrios medioambientales, sociales, económicos y culturales; deterioran la vida y violan los derechos humanos en complicidad con el Estado. Es el caso de Ventanas y Puchuncaví, con el agravante que el Estado es dueño y responsable de muchas empresas que están contaminando desde hace décadas.

Matías Asún Matías Asún

En esas zonas, la desidia y complicidad del Estado –a través de políticas o en su ausencia– fomentan una industrialización excesiva, más allá de la carga ambiental que puede soportar. Esto produce una degradación de largo plazo; se consolida una total desregulación, y se produce un desequilibrio de poder  a favor de las empresas con mayor control de procesos productivos y captura de mano de obra, donde las herramientas habituales de defensa de la sociedad civil se van precarizando y son cooptadas.

Alex Muñoz cuando desarrolla -hace una década- el concepto zona de sacrificio, señala como una característica, que las organizaciones de defensa política de los territorios comienzan a ser intervenidas por los partidos políticos y se fragmentan.

-A las cinco zonas de sacrificio ya conocidas ¿Qué otras agregaría Greenpeace?

-El estudio original de la ong Oceana, habla de Ventanas, Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel. A ellas sumaría Chiloé, la costa interior con la salmonicultura; la zona del Alto BioBío y Tiltil.

-¿Qué diferencia existe entre la crisis de 2018 en Quintero- Puchuncaví y las anteriores en otras zonas de sacrificio?

-Lo relevante fueron las características de las emanaciones tóxicas; por tratarse de gases y no de vertido de petróleo u otro. Eso tuvo un efecto más inmediato en la población y dada su extensión en el tiempo, permitió que se visibilizara de mejor manera. Además, quedó demostrado que ninguna de las entidades competentes había fiscalizado ni estaba en condición de evitar que dejase de ocurrir.

La rabia fue secundaria al problema de fondo, el cual es que nadie tiene el control y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. La rabia la siente todo un país cuando se da cuenta que esa gente está abandonada a su suerte y que todas las externalidades negativas que dieron origen al pueblo industrial de Quintero- Puchuncaví, se traspasaron a las personas. Por lo tanto, pueden perderlo todo.

 -¿Por qué muchos quinteranos solo quieren recuperar su vida y que vuelva el turismo? ¿Falta consciencia respecto a lo que está pasando?

-Por su dimensión social de arraigo, es su territorio. En términos prácticos que la gente se quiera ir o quedar ocurre solo por la falta de políticas públicas serias para hacerse cargo del problema. Nadie les ha planteado una solución razonable.

No solo hay que remediar medioambientalmente esa zona, hay que hacerse cargo de todo el daño que se ha transferido a esas personas y eso es transversal en todas las zonas de sacrificio. Los seres humanos tienen arraigo pero también necesitan seguridad y aquí el Estado no ha respetado sus derechos humanos. Los derechos humanos se violan todos los días en Quintero y Puchuncaví simplemente porque esas empresas existen.

Si la gente tuviese una respuesta integral de parte del Estado, tendríamos una discusión radicalmente distinta respecto de qué condiciones tendrían para quedarse o para irse.

-¿El Estado es capaz de construir hoy esa repuesta integral?

-Lo veo muy difícil. No veo genuino interés por hacerse cargo de la crisis en su conjunto. No es ni siquiera capaz de dar garantías básicas de que esa situación no volverá a ocurrir. Todavía no saben qué pasó.

Hacerse cargo de la reparación de esas comunidades requiere de un proceso mucho más integral, que no se está dando por parte del Estado.

 -Así como explotó Quintero-Puchuncaví ¿vienen otras crisis?

-Absolutamente. De hecho ya está pasando. Las protestas por la marea roja en Chiloé, en 2016, evidenciaron la degradación del mar y la tierra; los salmones colapsaron porque el mar ya no los sostiene y se perdieron todas las fuentes de empleo de un día para otro.

Eso tuvo una expresión social brutal, la isla fue cerrada para protestar. Esa fue una explosión idéntica, desde el punto de vista de las cuestiones en juego, que la ocurrida en Quintero y Puchuncaví. Cuando se descubre que hay mineras que llevan relaves de manera ilegal en Mejillones es lo mismo. Cuando los pescadores de Coronel, que llevan décadas protestando contra Bocamina, se entierran en las cenizas es lo mismo.

Esta no es una situación reciente. Quizás, hoy estamos más conscientes porque los límites del planeta están más a la vista y, por lo tanto, lo que está pasándole a mi vecino, me va pasar mañana. Esperemos que el próximo capítulo no sea con los servicios de salud saturados porque la gente no puede respirar, y con las autoridades sin saber qué responder y preocupadas de salvar sus cargos.

– ¿Qué proyecta Greenpeace que ocurra en los próximos años?

-Estamos tratando de evitar que sigan aumentando las zonas de sacrificio. Pero eso requiere de una respuesta social mayor, necesitamos que la gente quiera su terreno, que no haya ningún lugar que como alternativa al desarrollo tenga que sacrificarse.

Si tuviésemos una real respuesta del Estado no solo para potenciar grandes proyectos de inversión; si pudiésemos tener un gran acuerdo social sobre que es más importante la vida que el dinero; si tuviésemos un Estado pensando en desarrollo sustentable y no en desarrollo especulativo que sacrifique a las personas, probablemente se escribiría una historia distinta.

Sin embargo, tengo la sensación que ese momento está madurando más rápido en la ciudadanía. Hay muchos personas y comunidades que lo están entendiendo así. Se están poniendo en sintonía comunidades indígenas y organizaciones locales y eso significa que habrá microbatallas entre la especulación y el desarrollo sustentable.

La ciudadanía lo tiene más entendido que el mundo político y, particularmente, que el Gobierno, que no termina de entender que su función es ser Estado y no solo facilitador de intereses empresariales.

INFUSAM Nº29, enero de 2019