Confusam anunció movilizaciones para fines de septiembre, para presionar por sus demandas, entre las que se encuentra obtener más cupos para el incentivo al retiro, ya que las proyecciones de estos realizadas hace algunos años, fueron sobrepasadas por la realidad.  

En 2016, Confusam logró, con movilizaciones, la aprobación de la Ley de incentivo al retiro vigente actualmente y que rige hasta 2024. Esta permitiría que siete mil trabajadores y trabajadoras obtuviesen el beneficio a razón de 700 personas anualmente los primeros dos años y 800, los siguientes. Sin embargo, ya próximo a concluir su aplicación, el Ministerio de Salud ha reconocido que faltarán otros 4.600 cupos.

Más aun, considerando que se acordará una ley para entregar este aporte transversalmente a las y los funcionarios del Estado, en el marco de la Mesa del Sector Público, la actual norma que rige a nuestra Confederación, se prorrogará hasta 2025, lo cual redundará en que la necesidad por nuevos cupos aumente.

Por estas razones, la organización ha estado demandando al Ministerio de Salud desde hace tiempo que se aborde esta diferencia. Actualmente, 30 compañeros y compañeras han fallecido esperando ese beneficio, luego de destinar gran parte de su vida a la atención primaria.

El problema de fondo es que muy pocas personas hoy pueden jubilar sin incentivo porque sus pensiones serán bajísimas y no les permitirán sustentarse. Es por eso, además, que se implementó este bono, porque el sistema actual de AFP, no les permite vivir con dignidad. Y recibir en promedio 35 millones, les facilita iniciar su merecido descanso en mejores condiciones.

La presidenta de Confusam, Gabriela Flores señala que han estado en conversaciones con el Ministerio de Salud, a través de la Mesa del Sector Público y de la Dirección de Presupuesto. De esta última esperan una respuesta:  “le hemos preguntado oficialmente qué pasará con los 4.600 cupos y tendremos respuesta el 15 de septiembre”, indica la dirigenta nacional. En ese sentido, expresa que la extensión de la ley hasta el 2025, nos complica porque “queremos que la falta de cupos se resuelva a través de una ley miscelánea  o de una norma similar que establezca que se abordará esta problemática”.

Los recursos que se requieren para esta regularización son cuantiosos. Se calcula que se necesitan  unos 180 millones de dólares.