Sí o sí se avecinan cambios profundos en el sistema sanitario de nuestro país. Es más que evidente que la Convención Constituyente consagrará la salud como un derecho en el nuevo texto constitucional. Ello implicará que el Estado deberá resguardarlo. Por supuesto, dependiendo de quién asuma la Presidencia el próximo año, desde allí también se impulsarán con mayor o menor fuerza los cambios. Sobre este tema conversamos con dos salubristas que profundizan en el desafío que se avecina.
Ricardo Fábrega es consultor de la OMS y fue Subsecretario de Redes del Gobierno de Bachelet. Señala que el segundo pie después que la Convención establezca el derecho a la salud, será fijar el Plan y el Fondo Único Universal: “En el plan estaremos todos de acuerdo, lo peligroso es que se diga plan para todos pero puede ser por Isapre o por Fonasa. No, es Fondo Único con Plan”, afirma.
Añade que deberá otorgarse gratuidad al momento de la atención, pero se seguirá pagando cotizaciones. En ese sentido, expresa que no ve posibilidades de eliminarlas pronto, si antes no se ha cerrado el gasto de bolsillo -que hoy alcanza a un tercio del gasto total en salud- y que, a su juicio, deberá reducirse primero, al menos, a un diez por ciento.
Asimismo, advierte que se requiere tener cuidado con el plan que se defina: “El derecho a la salud tiene una parte mercantil, ya que quienes más lo defienden son los que venden productos que estarán ligados a ese derecho. Eso pasó en Colombia y, así, el derecho a la salud se puede transformar en un mecanismo de rentabilidad para productos nuevos sin eficacia probada o asociados a médicos con marca”.
Refuerza Fábrega conque será necesario evitar abusos con el plan y que se generen negocios que dañen al Estado. En ese sentido, considera clave el rol de una atención primaria universal, “para que esta derive y no que cada persona construya su propio camino. Por eso es tan importante que la capacidad clínica de esa APS sea buena, para poner coto a los mercantilizadores, ahí empiezas a cerrar, pero no será rápido ni fácil”.
Enfatiza que algunos tratamientos quedarán fuera y seguirán siendo gasto de bolsillo. En todo caso, asevera que no podrá haber sistema único mientras no se derogue la actual Constitución que establece el derecho a elegir entre el sistema público y el privado. De ahí en adelante las características del nuevo sistema dependerán de las fuerzas en juego en el Parlamento.
Por último, resalta que se podrá comenzar a implementar el Fondo Único aunque no se cuenten, al principio, con los recursos de una reforma tributaria. Opina que al controlar la tasa de uso “de “los ricachones que solo se podrán hacer el examen que determine la atención primaria, ahí habrá dinero; y si quieren más exámenes podrán comprar un seguro complementario. Además, si metemos a los jóvenes y sanos al Fondo vamos a tener más plata para los pobres. Con eso se podrá dar un primer impulso que se note”, concluye.
Salud en el territorio
Por su parte, el ex Director de la División de Atención Primaria del Minsal, Bernardo Martorell, señala que existe una visión compartida entre la centroizquierda, la izquierda y sectores de centroderecha de avanzar hacia un Sistema Universal de Salud financiado, principalmente, por impuestos generales, “porque estos recaudan de manera más justa los recursos, ya que pagan más los que tiene más”.
Donde no existe el mismo nivel de acuerdo, es en cómo transitar hacia esa visión: “Se podría imaginar un salto de política pública en el que se eliminan las cotizaciones y se hace una reforma tributaria en un acto, para que todas las personas cuenten con cobertura desde Fonasa y los que quieran compren seguros complementarios”, plantea. La otra posibilidad, explica, es una reforma gradual en que se vayan incorporando a este sistema único, “quienes ingresan al mercado laboral, los que ya están en Fonasa y los que se quieran cambiar”, mientras el sistema se fortalece.
Prosigue conque en las fuerza políticas de centro e izquierda, existe consenso de que un primer paso hacia el nuevo sistema, es el establecimiento de una atención primaria universal, “más fortalecida en gestión, recursos y competencias, que se abre a todos los habitantes de un territorio determinado, incluyendo a los que estén en Isapre, sin cobertura, en las fuerzas armadas, a todos”, indica.
Eso sí, plantea su preocupación de que la nueva Constitución pueda quedar con una mirada muy patología céntrica, porque la importancia que se le da a la atención primaria no es tan transversal como la idea de sistema único: “Cuesta comprender que la salud se construye en el territorio y que se requieren redes que se hagan cargo de este; las que deberán contar con incentivos, financiamiento, dedicación, normas y protocolos para intervenir en los procesos sociales de la construcción de la salud y la enfermedad”, expresa.
Insiste en que para evitar ese enfoque son indispensables organizaciones como Confusam, “que históricamente han defendido el rol de la atención primaria. Tendrán que hacerlo también en este proceso constituyente y en los procesos de reforma que vienen”, añade.
