Hace unos días las aseguradoras de salud previsional anunciaron que subirán los costos de sus planes en un 7,6 por ciento, llegando al tope de incremento que permite la ley. En un contexto de crisis social, sanitaria y económica, expertos se refieren a la pertinencia de estas alzas y a la posibilidad de instalar un sistema nacional de salud, que signifique el fin del sistema mixto de salud pública y privada.
Como ex subsecretario de Redes Asistenciales, Ricardo Fábrega señala que no hay sorprenderse ante las nuevas alzas de las aseguradoras de salud porque su objetivo no es ser parte de seguridad social, sino alimentar un sistema mercantilizado donde los precios no paran de subir, básicamente porque la gente en momentos de necesidad está dispuesta a pagar cualquier cosa y la alternativa pública está crónicamente desfinanciada. Eso hace que los prestadores privados suban los precios permanentemente.
En este sentido, “como todos podemos ver, las Isapres van a tratar de recuperar sus ganancias históricas traspasando el costo a sus afiliados. En momentos en que la gente está más golpeada, en vez de asumir qué hay que ser moderados en las expectativas de utilidad, van a cobrar el tope de lo que permite la ley. Tratarán de complacer a sus accionistas antes que a sus clientes. Pero nadie debería hacerse el sorprendido, así viene sucediendo hace décadas, el tema es que ahora esta situación tocó fondo”, señala Fábrega.
Al ser consultado por la regulación que permite estas alzas, David Debrott, economista especializado en salud, es claro en señalar que “el marco legal que tenemos les ha permitido aumentar por sobre la inflación el precio de los planes. En algún momento la regulación era muy débil con estas instituciones y les permitió, además, cargarle la mano a las personas que querían expulsar del sistema: los más enfermos y los adultos mayores. Es decir, a los que producían más gasto se les sacaba del sistema imponiéndoles planes más costosos que no pudieran pagar. Después se intentó regular con bandas de alzas, pero la verdad es que ninguna de esas medidas ha sido efectiva para frenar los incrementos de costos del sistema privado”.
Es por esto que, indica Debrott, “estamos viendo en la discusión constitucional la instalación de un Sistema Nacional de Salud en que sea el Estado el responsable de ir paulatinamente ampliando la cobertura para hacerse cargo del total de la población. En este contexto, se busca que los seguros privados, más bien, se vayan desplazando a lo que en países desarrollados se denomina esquemas de seguros voluntarios, donde las personas puedan obtener mejoras en hotelería o financiamiento para prestaciones que no están en el plan de base, sin duplicar ni sustituir las acciones del Estado”.
Al ser consultado por la futura viabilidad del sistema de Isapre, Ricardo Fábrega adelanta que todo parece indicar que tanto las necesidades, como las condiciones del país aluden a la necesidad de instalar un sistema de salud no mercantil. “En una realidad así, estas instituciones no debieran existir. El talón de Aquiles de las Isapres es que su estructura de servicios se basa en prestaciones que en promedio son ineficientes, con poco o nulo enfoque preventivo y sin cumplir los estándares de un buen sistema de salud en cuanto a funcionamiento basado en la Atención Primaria. Las Isapres están condenadas a ser caras y sólo sobreviven porque hay un sector público desfinanciado. Por estas razones, las Isapres no tienen vuelta, hay que darlas por superadas, son un accidente triste en la historia de nuestro sistema de salud”.
