En estos momentos -a escondidas de la población- los países que integran la Organización Mundial de la Salud (OMS), están llegando a acuerdos sobre cómo enfrentar nuevas pandemias sin escuchar la voz ni la experiencia de la primera línea sanitaria y menos de los pueblos del mundo afectados por el covid-19.
Pedro Villardi, asesor regional para la equidad en salud de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) estuvo en Chile para plantearles a las organizaciones sindicales de la salud que se sumen al esfuerzo ya en marcha en otros países, de presionar a los gobiernos para que el Tratado de Pandemias contemple las demandas de las y los trabajadores.
-¿Qué es el Tratado de Pandemias?
-Es una negociación que se lleva a cabo en la OMS con el objetivo de mejorar coordinación en términos de prevención, preparación, respuesta y recuperación en caso de una emergencia en salud. Esto partió en diciembre de 2021 y la perspectiva es que se resuelva en mayo de 2024.
¿De qué manera la ISP y los sindicatos pueden incidir en lo que se está acordando?
-La ISP y los sindicatos tiene una experiencia fundamental porque estuvieron en la primera línea de la respuesta a la pandemia de covid-19. Esa evidencia es muy valiosa en términos de aquello que las y los trabajadores pueden aportar. La ISP viene informando a las afiliadas sobre la importancia de ese proceso y buscando sus aportes para obtener un mejor texto.
Son muy importantes las organizaciones para influenciar la posición de cada Gobierno. También utilizaremos los mecanismos regionales si alcanzamos. Este trabajo también se hizo en Lima con representantes de sindicatos de Colombia, Perú y Bolivia, y cada uno salió con un plan para llevar las demandas y preocupaciones sobre el texto a sus gobiernos.
-¿Cuáles son las prioridades que deberían estar?
-Lo primero son los derechos laborales que están muy débiles. Considerando que el personal de salud y de cuidados ha sido el más afectado, es impensable un texto donde el trabajo decente, derecho a huelga, a organización y a negociación colectiva no se refuerce, y que no existan mecanismos específicos y prácticos para hacer avanzar los derechos laborales entendiéndolos como derechos humanos.
Otro tema fundamental es la financiación pública y que se entiendan las tecnologías médicas o de salud como bienes públicos globales. Se deben mantener los mecanismos propuestos para proteger la financiación publica de las grandes trasnacionales que solo quieren lucrar. Hay que avanzar hacia la noción de que los derechos del pueblo deben estar por sobre el lucro.
También se debe contemplar un mecanismo automático para la exención de los derechos de propiedad intelectual en momentos de emergencia sanitaria. Por último, tenemos que exista financiamiento adecuado para el sistema de salud para responder a pandemias y otras emergencias de salud.
-¿El tema de proteger la financiación pública se instala por la experiencia durante pandemia?
-Exactamente. Hubo un aporte público muy sustancial en términos de financiamiento directo y de compras adelantadas, lo que permitió al mundo -a través de la colaboración de expertos de muchos centros de investigación- llegar a una tecnología que salvó millones y millones de vidas en un tiempo récor.
-¿Esa tecnología después fue apropiada por el mundo privado?
-Por las grandes trasnacionales farmacéuticas que condujeron sus negocios como siempre y generaron apartheid de vacunas que dejó a tanta gente sin asistencia y sin acceso; gente que enfermó y murió y y eso no podemos permitir que vuelva a pasar.
-¿Los laboratorios recibieron recursos públicos y luego lucraron sobre esos recursos?
-En uno de los borradores de este Tratado había una disposición que obligaba a las empresas que recibieran recursos públicos, que tuvieran compromisos de transparencia en términos de precios, de costos de producción y una serie de informaciones disponibles al público. Ese texto ha sido atacado por los países desarrollados y la ISP defiende que debe volver.
-¿La exención de los derechos de propiedad intelectual estuvo en un texto de la Mesa?
No y ha sido una de las críticas más duras que ha recibidio el texto. Durante la pandemia de covid-19, la Organización Mundial de Comercio estuvo negociando casi por 18 meses el tema de la suspensión de estos derechos y, al final, no se llegó a nada. No es posible que ocurra lo mismo, por eso defendemos un mecanismo inmediato.