Las normas aprobadas por la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional en lo relativo a salud, permiten alinear a Chile con lo establecido en los mejores sistemas de salud del mundo y lo aleja de la excepcionalidad actual, donde se establecen sistemas separados para los que pueden y no pueden pagar. Países con experiencias altamente exitosas como Inglaterra, España, Nueva Zelanda, Costa Rica y Uruguay, entre otros, cuentan con sistemas únicos y universales de salud, logrando altos estándares en esta materia y optimizando sus recursos.
Los mejores sistemas de salud del mundo, como regla general, tienen un ente público rector que norma a todo el sistema con las mismas directrices y un modelo de financiamiento solidario, en el que la gran mayoría de las y los habitantes tiene los mismos beneficios de salud. Estos sistemas tienen una fuerte participación de los servicios públicos o de aquellos que, siendo privados, se alinean con el interés y las normas públicas. Así, lo que hoy está aprobando la Convención permite que Chile recupere la senda que tomó al conformar el Sistema Nacional de Salud el año 1952, y que perdió durante la dictadura, al promulgarse la Constitución del ‘80.
Esta propuesta de la Convención no debería sorprender ni inquietar a nadie, salvo a los intereses de algunos sectores privados con fines de lucro, dado que se alinea con las propuestas de importantes grupos académicos y expertos en sistemas de salud de Chile y el mundo, que han dado a conocer sus posturas por diversas vías. A modo de ejemplo, la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, en agosto de 2021, proponía ocho recomendaciones en lo relativo a la organización del sistema de salud. De ellas, cuatro eran claramente de rango constitucional, y la Convención ha acogido, especialmente, las que parecen ser más estructurales: que los fondos del sistema se mancomunen en un ente público que los solidarice, y que las atenciones de salud las hagan entes públicos y privados sin fines de lucro.
De este modo, el rol de los privados sería colaborativo y dejaría de obstaculizar el desarrollo del sistema, como lo hace hoy por la vía de acaparar los recursos humanos calificados e inflar los precios del sector.
Como podemos ver, la idea de un sistema de salud universal, sin fines de lucro, con centro en la salud pública y énfasis en la atención primaria, es una idea de amplio consenso, con resultados positivos demostrables y que hoy concentra el apoyo de variados actores que van desde la academia hasta los gremios de la salud, las organizaciones de usuarios/as y la sociedad civil en general.
Por ello, la norma aprobada en comisión por la Convención Constitucional, y que próximamente serán votadas en el pleno, constituyen un importante avance respecto a la Constitución actual, y significarán una mejor salud para toda la población. Con esta base, futuras iniciativas legales deberán establecer en definitiva el alcance de los beneficios que otorgará el sistema y el proceso de transición desde el modelo segmentado actual, hasta llegar al Sistema Nacional de Salud que se busca consagrar. Las alternativas técnicas son variadas y sin duda habrá un gran debate al respecto en los próximos meses, pero la aspiración general de construir la “casa de todos”, con un sistema de salud participativo, solidario, que no deje atrás a las y los más vulnerables, y que vaya acorde con las experiencias más exitosas a nivel internacional, hoy está más al alcance que nunca.
