A poco más de dos meses de la puesta en marcha de la Ley Karin, Confusam ya tiene algunas miradas sobre este proceso. De partida, Laura San Martín, encargada de la Comisión Seguridad y Salud en el Trabajo, adelanta que, por una parte, existe mucha expectativa sobre la norma entre las y los trabajadores, y, por otra, ignorancia entre los empleadores sobre su aplicación.
Una verdadera transformación en el trabajo es la que se espera impulsar con la Ley Karin. Se busca cambiar el paradigma de las relaciones laborales y avanzar hacia un trato digno libre de violencia y acoso laboral y sexual. Para ello, se establece como obligación de las empresas y de los órganos del Estado un protocolo de prevención de dichas conductas para propiciar espacios laborales seguros y libres de acoso.
A la fecha, a nivel país se han presentado 4 mil denuncias amparadas por esta norma en el mundo privado y casi mil en el ámbito público, las cuales están en proceso. En cuanto a la atención primaria, la dirigenta nacional, Laura San Martín, expresa que ha realizado numerosas capacitaciones. En ese sentido, ha comprobado en terreno que varios municipios no disponen aun de protocolo o si lo tienen, no lo han difundido; otros tampoco han capacitado a las y los trabajadores. Es decir, precisa, existe un atraso en los procesos para aplicar la legislación.
“Recién la gente se está informando sobre esta Ley, todavía muchas municipalidades no han dado a conocer el protocolo que es parte del Reglamento de Higiene y Seguridad. A partir de octubre veremos qué está pasando, porque se comenta que se han presentado denuncias, pero no conocemos ninguna”, explica.
Laura San Martín
Cambio cultural
La dirigenta profundiza en que se trata de impulsar, “un cambio cultural tremendo en la conducta general en el trabajo”. Reflexiona que, en el sector sanitario están adelantados porque se contaba con la experiencia de la Ley Consultorio Seguro, pero igual ha sido un proceso lento.
Agrega que los organismos administradores contrataron más personal para entregar los primeros auxilios y dar continuidad en la atención sicológica, si existe enfermedad profesional. Sin embargo, resalta que la tarea fundamental de las mutuales es la asesoría técnica a los municipios, para que los protocolos funcionen.
Plantea Laura que, si bien, el protocolo debe crearse con la participación del Comité Paritario y el de Riesgos Sicosociales, en muchas partes estos no existen. De hecho, hace dos años, la mitad de las y los dirigentes de APS que contestaron un diagnóstico, indicaron que en sus comunas no se había implementado la Encuesta CEAL-SM para medir riesgos sicosociales en ambientes laborales.
Añade que no existe personal preparado en derechos fundamentales y género para hacerse cargo de los sumarios y que se nombra como fiscal a quienes tienen mayor jerarquía.
Por último, resalta que la seguridad y salud es un área muy abandonada: “la ley está obligando a los empleadores a preocuparse de los riesgos sicosociales y a mantener entornos sanos, seguros y saludables. Estamos acostumbrados a que las personas sean descorteses y maleducadas, pero ahora la gente tiene que cambiar. Así como enseñamos a las mamás a lavarse las manos para que los niños no enfermaran de diarrea, así tendremos que enseñarles a tratarse bien“, concluye.
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