En el presupuesto de 2025, “Hacienda disminuyó el aporte fiscal a salud en 439 mil millones de pesos, tapando esa reducción con las mayores cotizaciones provenientes de quienes se cambiaron de Isapre a Fonasa”, denuncia el salubrista Ricardo Fábrega.
El experto explica que el presupuesto público de salud se financia por dos vías: el aporte fiscal y las cotizaciones de las y los trabajadores al Fonasa. Producto de la crisis de las isapre, más de un millón de personas ha emigrado del sistema privado al público en el último tiempo. De esta forma, no fue evidente que el Estado redujo su aporte en el presupuesto de este año porque crecieron los ingresos por cotizaciones en el monto global.
Algo parecido han hecho durante años los municipios. Cada vez que el Estado incrementaba el per cápita de salud, estos reducían el aporte municipal, por lo tanto, el impacto de ese incremento ha sido mucho menor al esperado.
Expresa Ricardo Fábrega que la evolución del sector salud en las últimas dos décadas, ha estado marcada por un aumento del aporte fiscal. Sin embargo, para 2025, “por primera vez, disminuye este en un 3,9%, equivalente a 439 mil millones de pesos”.
En ese sentido, plantea que las personas migraron a un Fonasa “desfinanciado”. Por esto, en vez de que sus recursos se gasten solo en prestaciones para ellos se diluirán en otros gastos, por el gran retiro del aporte fiscal. Más encima, esos cotizantes aportaban un 11 por ciento -que es el promedio en isapre- y ahora entregan un 7 por ciento, lo que significa que el sector salud en general, deja de recibir y mancomunar ese 4 por ciento de diferencia, por lo tanto “como la mayoría seguirá teniendo disposición a usar prestadores privados, se verán enfrentados a un aumento del gasto de bolsillo”, proyecta el entrevistado.
Brecha en atención primaria
El salubrista plantea que el actual per cápita basal alcanza a $11.798 y debería estar cercano a 16 mil pesos para “financiar lo que el Estado le pide a los municipios que hagan en atención primaria”. En ese sentido, destaca que se esperaba que esa brecha económica se hubiese cubierto bajo el actual Gobierno, “porque no se puede pensar en universalizar la atención primaria sin cerrarla. No lo hicieron y, más encima, retiraron aporte fiscal que hubiese permitido seguir mejorando, al aprovechar el mayor financiamiento por las cotizaciones”.
Ricardo Fábrega remarca que Chile ha adoptado compromisos internacionales en salud, que implican su universalización, gastar al menos, el 6 por ciento del PIB en salud pública y la priorización de la atención primaria.
Al respecto, dice que revisar el presupuesto permite aproximarse a conocer si realmente se ha priorizado la atención primaria al relacionar esa partida con el gasto hospitalario. En particular, señala, es posible determinarlo si esta alcanza un financiamiento que se ubique entre el 30 y el 40% del gasto total en prestaciones. Su conclusión es que “Chile se mantiene por debajo del mínimo del 30% y que, si bien, los presupuestos iniciales llegan a ubicarse muy cerca del 29%, a la hora de la ejecución presupuestaria se prioriza el rescate a los hospitales y la APS no alcanza el 27%”.
Otro compromiso clave, agrega, es avanzar hacia el 6% del PIB, “y con el presupuesto 2025 nos alejamos de la posibilidad de cumplir esa meta”. Por último, señala que respecto al gasto de bolsillo, el cual debe ir disminuyendo -dado los argumentos previos de menor aporte fiscal y pérdida de un 4 por ciento en cotizaciones mancomunadas-, es “razonable advertir que habrá un aumento de este”,
Concluye el entrevistado con que “las restricciones en el sector salud ya se están notando y el Gobierno tendrá que poner más plata para la salud”.