En las últimas semanas, la violencia contra los funcionarios de salud ha alcanzado niveles alarmantes, con episodios de empujones, patadas, amenazas con armas blancas y de fuego volviéndose parte de su rutina diaria. Estas agresiones se han registrado en todo el país, afectando gravemente la integridad y seguridad del personal de salud.
En el Centro de Salud Familiar Confraternidad de San Bernardo, más de 170 trabajadores llegan diariamente sin saber si podrán terminar su jornada sin incidentes. Hace una semana, el hijo de una funcionaria fue brutalmente agredido fuera del CESFAM por un problema vial, mientras que otros funcionarios han sido atacados por pacientes insatisfechos.
Ante esta situación, se llevó a cabo una mesa de trabajo con las autoridades, donde se resolvió invertir 7 millones de pesos para mejorar la seguridad en los centros de salud, incluyendo la instalación de cámaras y puertas blindadas, así como el aumento de la dotación de vigilantes.
La CONFUSAM ha denunciado esta situación durante años, insistiendo en la necesidad de mayores recursos para mejorar las condiciones de seguridad en los establecimientos de salud. Aunque la Ley Consultorio Seguro, vigente desde 2019, agrava las sanciones para quienes agredan al personal de salud, la aplicación de esta ley aún es deficiente.
La organización insta a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a los trabajadores de la salud y garantizar su integridad. Además, se hace un llamado a la comunidad a respetar y valorar el trabajo de estos profesionales, cuyo objetivo es mantener a salvo a la población.