Dos importantes organizaciones de trabajadores y trabajadoras sanitarios -como son Confusam y Fenpruss-, en conjunto con Cabildo Salud un Derecho, luego de pasar la valla de las 15 mil firmas cada uno, para que su iniciativa de ley sobre salud fuese considerada, elaboraron una propuesta común para que tuviese mayor fuerza al momento de ser analizada por la Convención Constitucional.
La iniciativa contempla tres ejes: el derecho a la salud con énfasis en las determinantes sociales; un sistema único y universal de salud y financiamiento vía impuestos generales y/o específicos, además de artículos transitorios sobre cómo se migrará del sistema actual, fragmentado y con alto gasto de bolsillo al nuevo, con acciones de salud libres de pago. Esta ya fue presentada en la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención y se está conversando con las y los constituyentes para aunar voluntades.
Aldo Santibáñez, presidente de Fenpruss destaca que no hubo problemas en llegar a acuerdos dada la similitud de las propuestas, “y la posibilidad concreta de convertirnos en un actor incidente. Entendimos que era necesario y responsable generar esa unidad y mínimos comunes, ya que a las tres organizaciones nos mueve el mismo fin, que es una nueva forma de concebir la salud.”
Añade: “queremos un nuevo Chile donde se amplíen los derechos sociales y se dignifique la vida de las personas. La salud es un pilar de la seguridad social en todo los países desarrollados y debe entenderse desde esa lógica y no desde la visión privatizadora y subsidiaria que hemos tenido hasta ahora.”
Asimismo, Gabriela Flores, presidenta de Confusam, enfatiza que desde el estallido, “hemos estado en la calle junto a la gente que salió a reclamar sus derechos sociales. Y uno de ellos es la salud, porque existe una profunda desigualdad en ese ámbito”. Recalca que debe terminar la práctica de entrega recursos estatales a los privados, en desmedro de la salud pública.
Expresa, por último, que impulsan un trabajo común, “porque queremos que se considere a la salud como un derecho humano, validado con un sistema único y universal con carácter público y centrado en la APS. Ese es nuestro norte”.
Por su parte, el vocero de Cabildo Salud un Derecho, Dr. Jorge Carabantes, afirma que si bien la Convención aun está en la etapa de discusión de la propuesta, ya están trabajando para generar alianzas con usuarios y pacientes, de manera de apoyar con fuerza el plebiscito de salida de la Constitución. Esto, apostando a que sí serán considerados los cambios planteados.
Resalta, a su vez, la importancia de sacar adelante este cambio de marco constitucional, “si no lo hacemos, vamos a seguir con estallidos sociales e inestabilidad”, dice. Refuerza conque dar una salida constitucional a los actuales problemas, “es una iniciativa civilizatoria”, porque la gente no resiste más vivir bajo el actual sistema. “Es indispensable enderezar el árbol que enchuecó la dictadura”, concluye.
La propuesta
La iniciativa considera, en primer lugar, el derecho a la salud como “un derecho humano, fundamental y social”; define la salud como una construcción colectiva que es el resultado de determinantes sociales; no se limita a la salud física y sitúa al ser humano en relación al medioambiente.
El derecho a la salud se entiende -además- como integrante de la seguridad social, por lo que adopta sus principios generales de universalidad, solidaridad, participación e igualdad, entre otros.
Respecto al sistema único y universal, se indica que debe cubrir a toda la población, estar centrado en la atención primaria e integrado en redes territoriales.
Asimismo, el tercer eje implica que el Estado garantice financiamiento mediante impuestos generales y/o específicos, pudiendo establecer por ley contribuciones sociales. Por otro lado, se expresa la intención de avanzar hacia la gratuidad y, por tanto, eliminar gastos de bolsillo y catastróficos.
Se plantea permitir prestadores individuales e institucionales privados con giro único y sin fines de lucro, en el caso de los últimos, siendo regulados mediante tarifas. Además, privados con o sin fines de lucro podrán operar fuera del sistema, bajo un esquema regulado para servicios adicionales.
Los artículos transitorios permiten contratar prestaciones a personas naturales y jurídicas privadas, mientras el sistema no tenga la capacidad de entregar determinadas acciones de salud, para lo cual se fijará un arancel.
