El no pago de cotizaciones previsionales desde hace varios años; mal uso de dineros del incentivo al retiro; cuotas no canceladas de créditos pedidos por las y los funcionarios pese a que se les descuentan y otras múltiples situaciones que quedaron como herencia de la gestión municipal anterior, denuncian las dirigentas de la Afusalud Tiltil, Valeria Guerra y Gabriela Alvarez.
En las zonas más aisladas muchas veces pareciera que la ley no aplica y los abusos de la autoridad son reiterados. La presidenta de la Federación Metropolitana Norte, Claudia Paredes, confirma que pese a ser parte de la Región Metropolitana, en Lampa y Tiltil se han vulnerado durante años los derechos laborales, ya que al ser comunas distantes del centro urbano, se dan condiciones de mayor indefensión para quienes allí laboran.
Pero esto no significa que las asociaciones base no den la pelea. Las dirigentas de Afusalud Tiltil, pese a las presiones y prácticas antisindicales constantes, han seguido denunciando cada abuso a los organismos fiscalizadores.
Precisamente por esta razón, la presidenta de Confusam, Gabriela Flores, llegó hasta la comuna a principio de agosto, para conocer de primera fuente lo que sucede y exponerlo al nuevo alcalde, Luis Valenzuela, durante la reunión del Concejo.
El caso más preocupante -cuentan Valeria Guerra, presidenta y Gabriela Álvarez, secretaria de Afusalud-, afecta a la trabajadora Elba Lafferte quien obtuvo su incentivo al retiro en 2019 y las platas (32 millones) llegaron a la Muni en agosto del año pasado, pero no estaban pagadas sus cotizaciones y no pudo jubilarse. En reunión con la directiva, la alcaldesa Eva Aburto se comprometió a que quedarían saldadas en abril de este año.
No se cumplió el acuerdo y al solicitar en junio el pago de su incentivo al entonces secretario de la Corporación, Manuel Cabello, este indicó que “se había gastado en recursos humano”, precisa Gabriela Alvarez. Ante ello, hicieron la denuncia en Contraloría, servicio de salud y Minsal.
Además de lo anterior, señalan las dirigentas se adeudan cotizaciones a dos funcionarios que quieren acceder al incentivo, y los últimos meses al resto de las y los trabajadores. Como si fuera poco, la mayoría está en Dicom y les han llegado avisos de embargo, porque a pesar de que las cuotas de sus créditos pedidos en la Caja de Compensación Los Andes se les descuentan, no se le remiten a la entidad.
El nuevo alcalde informó que se llegó a un acuerdo con Elba Lafferte y se había notificado a la Contraloría sobre otro funcionario -cercano a las autoridades anteriores- que sí recibió su incentivo el año pasado y sigue laborando a pesar de que legalmente no puede. Además, deberá regularizar pagos al laboratorio clínico porque no se estaba atendiendo a las y los usuarios.
Tutela laboral
Lo positivo en todo este proceso, es que la directiva fue notificada recientemente por la Dirección del Trabajo de que
-producto de sus gestiones- será llamada a mediación junto a la Municipalidad. El abogado de Confusam, Leonardo Holgado, expresa que este proceso se da en el marco de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales a las y los trabajadores y, por lo tanto, si no hay acuerdo se procederá a un juicio por tutela laboral en tribunales. La Dirección del Trabajo deberá acompañar el informe de fiscalización realizado pudiendo hacerse parte en el juicio.
El abogado señala que el empleador se expone a ser condenado con pago de multas y de indemnizaciones; incorporación del nombre del empleador en el Registro Nacional de Empresas que vulneran derechos fundamentales, pero también a que se le impida participar en licitaciones en Mercado Público.
