Por amenazas, tenencia y porte ilegal de armas de fuego y amenazas con arma blanca, Confusam interpuso una querella por los graves sucesos de violencia ocurridos contra personal del cesfam de Quídico en Tirúa, la cual ya está en proceso de investigación, decretando diligencias el Ministerio Público para determinar responsables.
Como ya es sabido, las y los funcionarios de salud enfrentan desde hace años numerosos hechos de violencia por parte de pacientes y sus familiares. Durante la pandemia estos se han incrementado.
El 13 de abril de este año, llegó en ambulancia al Cescof de Quidico en Tirúa, una mujer herida por dos estocadas en el pecho y lesiones en el rostro, a quien -al ser ingresada al box de reanimación- se le encuentra una pistola. Al momento de que el personal de salud sale a hablar con sus familiares -entre 25 a 30 personas-, estos irrumpen en el box, acusando de sustraer $200.000 a la paciente. “Se entiende que dicha excusa corresponde a una treta con el propósito de recuperar el arma de fuego”, indica el abogado asesor del Directorio Nacional de Confusam, Óscar Olivares.
Los familiares impiden que la paciente sea trasladada a rayos, mientras amenazan a los funcionarios “individualizándolos por sus nombres y usando las siguientes expresiones: ` Yo sé quién eres, sé dónde vives, qué vehículo usas, vas a tener que cuidar a tu familia, te vamos a quemar la casa si no entregan el arma´”, señala la querella. Lo anterior, mientras uno de los presentes exhibía desafiante un sable. “Los habitantes de la zona se ubican y tienen perfectamente identificados a los funcionarios. Lo que más llama la atención es que también hicieron referencia a vehículos y domicilios del personal”, afirma el profesional.
Después de unos quince minutos, salen del box, pero no así del centro de salud. Posteriormente, vuelven a ingresar tres individuos con sus rostros cubiertos y registran cajones, repisas y cubiertas de los mesones de procedimiento, se supone que en búsqueda del arma. Botan al suelo insumos, material estéril y medicamentos antes de retirarse. Mientras tanto, el resto de los familiares continúa afuera profiriendo amenazas de muerte.
Carabineros no interviene
Durante las dos horas en que se desarrollan los hechos, se estuvo llamando a personal de Carabineros que no llegó, “circulaban por fuera del recinto asistencial, mirando desde el carro policial sin intervenir dejando en total indefensión a los funcionarios”, indica el abogado.
Posteriormente, la familia también dificulta el traslado de la paciente al Hospital Kalvu Llanca de Cañete, poniéndola en riesgo vital por posibles complicaciones. Expresa Óscar Olivares, que se les entrega el arma para evitar agresiones físicas al personal y destrozos al vehículo, como al establecimiento.
La querella se interpuso el 21 de abril ante el Juzgado de Garantía de Cañete por los delitos de amenazas serias; amenazas a funcionarios de salud; Ley de control de armas y amenaza con arma blanca.
Producto de lo anterior, se inició una investigación penal, indica el abogado, “para que se determine quiénes fueron los involucrados y se les castigue con una pena, de ser posible, privativa de libertad porque cometieron varios delitos”.