Tempranamente, la Suseso declaró la enfermedad covid-19 como profesional, debiendo ser atendida por las mutuales. Sin embargo, las y los trabajadores de la salud afectados, señalan que no está ocurriendo así en la práctica y que deben concurrir al sistema público o privado. La situación se agrava si quedan con secuelas.
Es cierto que nadie estaba preparado para hacer frente a esta pandemia. Pero ya transcurrido más de un año, debiesen haberse desarrollado habilidades para abordarla y no seguir en deuda. Este es el caso de los organismos administradores del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
María Isabel Jiménez, tens recientemente fallecida, concurrió a la Mutual de Seguridad de Calama el 14 de junio con 38.1º. El guardia del recinto sanitario, le tomó la temperatura descartando fiebre y rechazando la atención. Dos días después, siguió sintiéndose mal y vuelve con una acompañante al recinto de salud, pero nuevamente se le dice que no tiene temperatura y que debe marcharse. Quien la acompaña insiste en los síntomas: cefalea, mialgias, dolor torácico y desaturación.
Finalmente, le toman PCR y le extienden licencia y receta. De vuelta al lugar de trabajo, sus colegas comprueban que satura entre 85- 87 por ciento y su temperatura es de 38.8º. Es ingresada al hospital Carlos Cisternas por insuficiencia respiratoria aguda, con oxigenoterapia y una alta probabilidad de intubación. Lamentablemente la funcionaria fallece el 9 de julio en el centro hospitalario.
La despreocupación de la Mutual fue plasmada en un reclamo por el caso de María Isabel presentado el 18 de junio ante la institución por la directora subrogante del cesfam Enrique Montt, Nataly Luengo, por “la falta de atención oportuna y abandono de auxilio médico a una de nuestras funcionarias”. Agrega que “me siento con la desconfianza e inseguridad de derivar a un funcionario a sus dependencias, ya que la atención no es oportuna ni de la calidad que se espera.”
Frente al doloroso hecho, la dirigenta nacional, Laura San Martín, indignada señala que no es posible que sea un guardia quien evalúa el estado de salud en el centro sanitario, poniendo en riesgo la vida de la técnico paramédico y retardando el acceso a atención médica. Asimismo, declara que -al parecer- tampoco recibió el diagnóstico adecuado en la mutual y debieron ser sus propios colegas del cesfam quienes la derivasen primero al SAR y luego al hospital Carlos Cisternas. Por ello, insiste en que a las mutuales, “les quedó grande el covid como enfermedad profesional”, y les recuerda que están obligadas a brindar todas las prestaciones médicas, medicamentos y hospitalización si es necesario, así como seguimiento de casos y de secuelas.
Desconfianza hacia las mutuales
En el reciente estudio sobre condiciones laborales y de salud de quienes trabajan en el sector, realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y en el cual participó Confusam, se concluye que existe mucha desconfianza hacia las mutuales “por el mal manejo del covid como enfermedad profesional”, afirma Laura.
“Los organismos administradores no estaban preparados y todavía no lo están. Las y los secuelados deben esperar demasiado por atención porque estas entidades no cuentan con infraestructura ni con especialistas, sobre todo en regiones”, precisa.
A la situación anterior, se suma, que las seremis tampoco han sabido diagnosticar el origen laboral del covid y lo califican como comunitario. Agrega, que los trabajadores y trabajadoras terminan acudiendo al servicio público o isapres: “tenemos un montón de secuelados sin atención porque tampoco esos sistemas dan el ancho”.
La dirigenta plantea que existe un subregistro del coronavirus como enfermedad profesional. En ese sentido, enfatiza que tras un año de pandemia, la evidencia científica demuestra que las mascarillas quirúrgicas no sirven en interiores y deben usarse FFP2 y 3. Por ello, concluye que todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que se contagien y que estén sin dispensa, debiesen ser considerados como enfermedad profesional. Asimismo, agrega que se debe revisar hacia atrás la trazabilidad de las seremías, producto de los nuevos antecedentes.
Dictamen de la Suseso
En marzo del año pasado, la Superintendencia de Seguridad Social determinó que los casos covid podían ser calificados como de origen laboral si se establecía el nexo de causalidad directa. Días después, precisa la intendenta Pamela Gana, calificaron de igual forma los contactos estrechos, por lo tanto “el seguro debe dar cobertura a contactos estrechos y covid confirmados laborales”. En abril de 2020, un nuevo oficio señaló que “los trabajadores de la salud que contrajeran covid-19 sería de origen laboral a menos que se determinase lo contrario. Es decir, no hay que probar que es laboral, sino que no lo es”, explica.
Las seremías de salud establecen los contactos estrechos al hacer el estudio epidemiológico: “así, todos los que cumplen esa condición en el trabajo quedan clasificados como de origen laboral, por lo tanto su contagio también lo será”, enfatiza la intendenta. Esa nómina se informa a las mutualidades y estas deben investigar. Tal como dice la autoridad, “en los trabajadores de salud es más fácil el proceso, ya que si desarrollan la enfermedad y el empleador o trabajador hizo la denuncia y no se encontró contagio en el domicilio, el origen es laboral”.
Plantea que si están ocurriendo problemas de calificación, “si la seremía no los puso en la nómina o independiente de si los puso, se debe hacer la denuncia en la mutualidad porque es la única forma de que se pesquise. Y si no se califica como laboral, se puede denunciar en la Suseso para la revisión”, aclara.
Respecto a la atención de las secuelas, afirma que es un tema en desarrollo, porque si bien instruyeron a las mutualidades para entregar esa atención, aún están en discusión cuáles son. En todo caso, señala que si los trabajadores tienen sintomatología vinculada al covid deben denunciarla en la mutualidad y reclamar en la Suceso si no son atendidos.
De acuerdo a las cifras de este organismo, durante 2020 hubo 188.608 denuncias de enfermedades profesionales por covid. De esta cifra, se calificaron como tales 101.842 (74.349 contactos estrechos y 21.388 covid confirmados).