Desde los primeros días del estallido social, se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Estos hechos -aún más dolorosos por nuestra historia reciente- han traído nuevos desafíos a instituciones como la Confusam, ya que es en la APS donde se constatan las lesiones de detenidos y detenidas o llegan las víctimas de violencia del Estado. En los centros se debe otorgar una atención humanizada que no dependa de consideraciones distintas a la de proteger la salud de las y los pacientes. Sin embargo, falta mucho camino por andar.
Fue en diciembre pasado cuando Confusam -en el marco de su trabajo en la Mesa de Unidad Social- se acercó a la Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos, Ofapp, que realizaba un ayuno para sensibilizar sobre los abusos que afectan a sus parientes presos.
“Ellos son luchadores sociales y, nosotros, también lo somos. Por ello, estamos dispuestos a colaborar en su liberación y a apoyarlos frente a un Estado que los encarcela y reprime”, señala con convicción la dirigenta nacional, Gislena Reyes.
Considerando sus necesidades, se acordó crear una red de apoyo, “porque han tenido muy malas experiencias en consultorios. El personal de salud hace un juramento ético que implica brindar atención independiente de otras consideraciones”, precisa. Pero, este compromiso no se estaría cumpliendo en algunos centros, transformándose ciertos funcionarios en cómplices del sistema represivo por acción u omisión.
Gemita Donoso, de Ofapp y contraparte de Confusam, testimonia que cuando su hijo fue apresado, “lo golpearon mucho y cuando lo llevaron a constatar lesiones, el médico puso lesiones leves en el certificado”. Gislena, por su parte, confirma que saben de sapu donde los médicos recibieron instrucciones desde las alcaldías para que no se indicase la verdadera gravedad del diagnóstico.
POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
En lo concreto, se ha colaborado con atenciones a jóvenes que cumplen medidas cautelares en sus hogares y con otros afectados por la violencia del Estado. Gemita agradece el respaldo ofrecido por nuestra organización, sobre todo porque considera a las familias y a jóvenes en arresto domiciliario, los cuales, cuenta, después de estar en prisión preventiva vuelven “con miedo y es positivo que puedan ser atendidos en un entorno protegido”.
A su vez, Gislena remarca que Confusam busca sensibilizar a las y los funcionarios y dirigentes así como, en el mediano plazo, generar una política en derechos humanos. Enfatiza que entendiendo que Chile vive una crisis política-social muy fuerte, “es indispensable contar con una orgánica de trabajo territorial, para garantizar -en caso de urgencia-, atender a quienes hayan sufrido la represión de agentes del Estado”.
Gislena Reyes
Reflexiona que este camino también les ha hecho darse cuenta que como organización no contaban con una política de derechos humanos que recogiera no solo lo que sucede hoy sino la historia de la Confederación: “Nunca hemos reconocido a nuestros muertos en dictadura y llegó la hora de trabajar hacia adelante y recuperar el pasado”, indica.
La idea, afirma la dirigenta, es comenzar capacitando en protocolos a equipos de APS en las ciudades con mayor conflicto. De esta manera, cuando llegue al centro de salud un detenido o detenida por represión, exista un equipo que no solo acompañe en el diagnóstico y tratamiento sino que supervise y vigile que no haya intervención de agentes del Estado durante la atención; que no se entreguen certificados de constatación de lesiones que no correspondan, y que se cuente con observadores para el cumplimiento del protocolo de Estambul, el cual describe cómo documentar de manera eficaz la tortura y tratos degradantes.