Pronto los funcionarios y funcionarias de atención primaria de algunas comunas de la Novena Región portarán cascos, chalecos antibalas y se desplazarán en vehículos con vidrios blindados. Si, bien, es una medida de seguridad que ayudará a protegerlos, no resuelve el problema de fondo de cómo entregar salud con personal civil en zonas en conflicto.
En Ercilla ya van once funcionarios de atención primaria agredidos durante este año, aunque el último caso que implicó el robo de un vehículo fue el más complejo. A quince minutos de allí, en Collipulli, se sabe de diez incidentes entre febrero del 2020 y agosto de este año, los que significó dejar de hacer rondas por cortes de ruta o que equipos sanitarios quedaron retenidos en ciertos sectores por protestas de sus habitantes. Lo anterior, consta en un informe municipal enviado al Ministerio de Salud.
Cuesta imaginar si no vives o laboras en comunas donde sigue latente el conflicto mapuche-Estado, qué significa a diario levantarse a trabajar y no saber si podrás hacerlo o si volverás a tu hogar. El temor es el fiel compañero de los equipos de salud en una zona que cobra muertos y heridos todos los años. “Uno se pregunta si vale la pena arriesgar la vida por un domicilio”, plantea con preocupación el secretario de Afusam Collipulli, Aarón Seguel. Y como en su zona solo hacen salud rural: “nuestro trabajo es en terreno”, aclara, no hay cómo no correr riesgos.
Aarón Seguel
El dirigente expresa que al principio decían: “qué nos va a pasar si nos conocen, pero luego de los últimos hechos, tenemos más aprensiones”. En ese sentido, señala que les preocupa que el Servicio de Salud Araucanía esté preparando un proyecto para adquirir chalecos y cascos antibalas, porque si bien estarán más protegidos, “queda la sensación de que nos quieren mandar a trabajar sin importar lo que esté sucediendo; prefieren militarizar a los funcionarios de salud”, argumenta.
Cuenta que como Federación tendrán pronto una reunión con la comisión salud del Gobierno Regional para solicitar financiamiento y decidir localmente en qué lo usarán. Plantea que una opción podría ser instalar láminas de seguridad en los vidrios de los centros de salud.
Mucha inseguridad
Iván Amigo, es el presidente de la Afusam de Ercilla. Parco en sus palabras explica que lo que más los afecta es la inseguridad. Están preocupados por el reciente robo de dos camionetas y la agresión al conductor, quien sigue en tratamiento en la mutual: “llevamos once funcionarios agredidos este año, pero ninguno con la violencia del último”, afirma.
Iván Amigo
Fueron los trabajadores y trabajadoras de su comuna quienes pidieron chalecos antibalas, cascos y láminas para blindar los vidrios de los vehículos. Pero no quieren ir custodiados por fuerzas de seguridad a hacer las rondas. Por el contrario, hablaron con los dirigentes de las comunidades y estos -desde hace algunas semanas- los van a esperar para facilitarles el ingreso.
Son 108 las y los funcionarios de planta y honorarios que trabajan en las postas y el cescof de Ercilla e Iván dice que su estado sicológico está muy complicado, sobre todo después del último incidente.
Políticas públicas y reparación
Incorporar chalecos antibalas o láminas de seguridad a los vehículos es solo un parche. Aarón Seguel plantea que en la zona no existe estado de derecho y menos justicia: “Esos son elementos fundamentales para que un equipo de salud pueda funcionar, si no están debiese ser el equipo sanitario de las fuerzas armadas el que opere y no nosotros”, añade.
El dirigente declara que se requiere que el Estado desarrolle e implemente una política pública sanitaria en la macrozona sur. Se trata, argumenta, de pensar cómo se brinda atención primaria bajo estas condiciones y cuál debiese ser su financiamiento, “porque el actual no alcanza. Estamos resistiendo con los refuerzos por la pandemia”. Plantea que si bien por covid crecieron los equipos y llegan a 150 funcionarios en su comuna -con un setenta por ciento a honorario-, alrededor de cuarenta de ellos y ellas terminan sus contratos a fin de año. Y están muy preocupados por esa situación.
Concluye que esa política pública para la zona, debe considerar la reparación de las y los funcionarios, muy afectados en su salud mental por la carga laboral y emocional de desempeñarse bajo condiciones extremas.