Por qué es urgente rechazar el plan universal de salud propuesto por el gobierno

Lunes 6 de enero de 2020

Quienes trabajamos en salud pública sabemos que nuestro país ha sido siempre un faro para el continente en estas materias. Una serie de hitos tempranos en nuestra historia avalan la decisión persistente que ha tenido el Estado de Chile en la implementación de políticas públicas destinadas a mejorar la salud de la población. Movidos por las catástrofes naturales y la tenacidad de salubristas y trabajador@s, Chile fue pionero en contar con un sistema de salud institucionalizado, que ya no dependía de la caridad y la filantropía y que con cada reforma se fortalecía, aumentando en cobertura e impacto sanitario.

En este trayecto, hubo hombres y mujeres con la firme convicción de que la salud de una población no se puede separar de las condiciones sociales en que ésta se desarrolla. En este sentido, será Salvador Allende el pionero en establecer la relación estrecha entre enfermedad y pobreza. Sin embargo, hace ya cuatro décadas, se produjo un punto de inflección que no ha hecho más que agudizar lentamente una crisis sanitaria con profundas raíces éticas.

Despuntaba la década de los ochenta y la dictadura le abría el paso a las Isapres como una modalidad de financiamiento de la salud privada y el inicio de una nueva etapa en la historia de la salud pública chilena donde, de la mano de la nueva constitución, se inauguraba la concepción del Estado subsidiario. Quien puede pagar se atiende y quien no puede, espera.

Durante las décadas siguientes, el país trató de enmendar este mal de origen de diversas formas, validando el acceso, la oportunidad y la calidad como un derecho para tod@s a costa del desangramiento del Estado en manos privadas. Con décadas de desarrollo, este sistema ha contribuido a la creación de la conciencia de la salud como un derecho en la ciudadanía, que ve con estupor como crecen las listas de espera en el sector público, la carencia de especialistas y la  indignidad en la atención, versus la abundancia de posibilidades para los beneficiarios del sector privado.

Así las cosas, la salud tal como las pensiones y la educación, han sido la arena donde se ha evidenciado con mayor crudeza el abuso, la injusticia y el dolor de una mayoría postergada que se había mantenido silenciosa hasta aquel 18 de octubre. En este sentido, el llamado “estallido social” ha puesto a Chile en un punto crucial de su historia, la insurrección masiva abrió un espacio legítimo donde otra vez creemos posible repensar nuestro país, reconstruir lo defectuoso, resarcir aquellos “pecados de origen” o estructurales.

Este es el punto donde nos encontramos cuando el Presidente junto al Ministro Mañalich, la mañana del domingo pasado, anunciaron el proyecto de reforma al FONASA que contemplará, entre otros puntos, la creación de un plan de salud universal que garantizará tiempos máximos de espera para el tratamiento de una enfermedad, toda una novedad a diez años de la promulgación del Plan AUGE.

El proyecto del gobierno reza que, mediante este plan, se garantizará la atención a usuarios de los sectores público y privado, profundizando el traspaso de recursos públicos a manos privadas, acelerando el desmantelamiento de la red pública de salud, fortaleciendo la compra de servicios y las lógicas de mercado en el ámbito sanitario.

La Confusam rechaza la decisión de un gobierno que persiste en su agenda privatizadora y neoliberal, desoyendo a un pueblo que se ha hecho escuchar con fuerza en su clamor por más justicia e igualdad. Nuestro gremio tiene la convicción de que se requiere con urgencia contar con un fondo único y solidario que sustente a un solo seguro para tod@s, que garantice la promoción de la salud y el acceso al cuidado preventivo, curativo y de rehabilitación sin importar la capacidad de pago de los beneficiarios.

Asimismo, exigimos el aumento del percápita basal a $10.000, el incremento del gasto público en salud aun 6% del PIB y una Nueva Constitución que garantice la salud como un derecho, desechando el carácter subsidiario que tiene el Estado en estas materias según la constitución de la dictadura y que da origen a la desigualdad estructural de nuestro sistema.

La urgencia de estos cambios trasciende las preferencias ideológicas, ya que se fundamenta en la sostenibilidad y sustentabilidad de un sistema sanitario actualmente en crisis, que es incapaz de responder a la demanda de la población en términos de cobertura, dignidad y calidad. Por estas razones, continuaremos en la lucha hasta alcanzar nuestros objetivos que se condicen con las necesidades más sentidas de las personas.