CONFUSAM rechaza versión 2019 de la ley maldita, hoy ley anti saqueos.

 

DECLARACIÓN PÚBLICA

Santiago, 5 de noviembre de 2019.

Ayer fue aprobado en general en el Congreso Nacional el proyecto de ley anti saqueos, anti encapuchados y anti barricadas, iniciativa del Gobierno en el contexto del estallido social iniciado el 18 de octubre pasado y que llevó a millones de chilenas y chilenos a las calles del país a exigir Asamblea Constituyente, nuevo Pacto de Derechos Sociales y Juicio y Castigo para los responsables de las graves violaciones a los DD HH partiendo por el principal responsable que es el Presidente de la República Sebastián Piñera.

La norma propuesta por el Gobierno contempla incrementar las penas ya existentes en la normativa vigente para quienes incurran en delitos de saqueos o en actos de violencia en manifestaciones, usen capuchas o coloquen barricadas en la vía pública, incluyendo además sanciones penales similares para quienes interrumpan servicios públicos tales como transporte o salud. La propuesta del Gobierno aprobada por la gran mayoría de las y los legisladores oficialistas y de “oposición” podrá significar penas de cárcel efectiva de hasta 5 años para quienes incurran en los actos objetos de una mayor sanción.

Para la CONFUSAM, la iniciativa propuesta por el Gobierno es una nueva versión de la tristemente célebre Ley Maldita por cuanto implica criminalizar el derecho legítimo de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil a protestar en las calles contra actos de Gobierno o del Congreso o de la clase política y empresarial dominante que atenten contra derechos esenciales o que incurran en abusos o corrupción, condiciones de sobra conocidos en Chile.

Nuestra organización no puede aceptar lisa y llanamente que se afecten su universalmente reconocido y democrático derecho a la movilización en defensa de sus legítimas reivindicaciones laborales o en defensa de la salud pública y manifiesta desde ya su decisión de hacer uso de todas las opciones jurídicas nacionales o supranacionales en defensa de su derecho a la movilización social, sumándose además a otras acciones de similar índole convocadas por organizaciones hermanas.

No podemos dejar de hacer público nuestro más hondo repudio para todas y todos las y los legisladores oficialistas y de “oposición” que dieron su apoyo a esta nefasta iniciativa con la que el Gobierno de derecha empresarial de Sebastián Piñera pretende acallar las voces de millones que exigen el término de un modelo de desarrollo económico político y social del todo injusto, manteniendo los privilegios de una minoría que disfruta del mismo, en desmedro de las grandes mayorías. Es del caso señalar que nuestro repudio no se quedará solamente en la expresión pública y llamaremos desde ya a castigar en próximas elecciones a quienes han traicionado a millones de chilenas y chilenos.

DIRECTORIO NACIONAL