Declaración pública por crisis sanitaria en Osorno

Jueves 18 de julio de 2019

Cuando se cumple el octavo día sin disponibilidad de agua potable para la ciudad de Osorno, como gremio llamamos al gobierno a tomar medidas más drásticas para la solución definitiva al corte del suministro y a implementar estrategias de contingencia más efectivas para evitar el inminente aumento de enfermedades derivadas de la contaminación del agua.

No obstante, más allá de lo urgente, la situación grave que vive la comunidad de Osorno levanta el velo de la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la hegemonía de las empresas transnacionales sobre los servicios básicos para la vida. Porque así es. Las y los chilenos en algún momento de nuestra historia reciente cedimos lo más valioso de nuestros recursos, el agua y la generación de energía, a grupos de personas que los controlan desde algún lugar de España o Canadá, administrándolos como cualquier bien transable en las bolsas del mundo.

Así las cosas, en el contexto más cercano, el gobierno también ha mostrado su incapacidad de solucionar una crisis que ha afectado a más de 40 mil familias, llegando a exponer incluso a la figura presidencial al escenario más bochornoso, anunciando el fin de una crisis que recrudeció apenas tres horas más tarde de las palabras presidenciales, brindando todos los elementos para que la ciudadanía se pregunte ¿y después de esto, qué?.

A todas luces, la realidad da cuenta de la más completa vulnerabilidad de los ciudadanos, que ante las transnacionales controladoras de los servicios básicos, no cuentan ni siquiera con un cuerpo legal, que resguarde sus derechos, ni menos con la diligencia del Ejecutivo que gestione de buena forma la emergencia.

Increíblemente, hoy los noticieros reproducen las declaraciones de la empresa sanitaria responsable de la crisis, que afirma no tener aún fecha definitiva para la solución del problema. Estas palabras resuenan con fuerza en la opinión pública ante el silencio de las autoridades designadas por las y los ciudadanos para la validación de sus derechos.

Es por esto, que como gremio alzamos la voz para exigir la potestad del Estado sobre los recursos hídricos y sobre la administración de estos, con sentido de urgencia, teniendo en cuenta la crisis del agua que nuestro país inevitablemente deberá enfrentar en el corto plazo.

Asimismo, confirmamos nuestra más férrea oposición al llamado Tratado Transpacífico (TTP-11), que refuerza la hegemonía de las empresas transnacionales por sobre la soberanía de las naciones.  Manifestamos esta exigencia y este rechazo ante esta crisis, porque estamos convencidos que los sindicatos son y seguirán siendo, más que nunca, esenciales para que ninguna persona quede excluida en la transición hacia un futuro más sostenible.