Asociación base de Lampa: ¡Basta de la cultura del miedo!

Más de un mes  en paro  por el no pago de sus cotizaciones desde 2011, pero también por las deficientes condiciones en que deben atender a pacientes y  a estudiantes, cumplió el movimiento que reúne a 1.600 funcionarias y funcionarias de salud y de educación de Lampa.

La pregunta es lógica,  ¿por qué les tomó tantos años movilizarse  y denunciar la situación?  La presidenta de la asociación base, Betsabé Castillo, responde con claridad: “La alcaldesa Graciela Ortúzar asumió en 2009 y lo primero que hizo fue despedir a 200 trabajadores municipales. Eso generó mucho miedo, pero -además-  instaló informantes  en todas las dependencias y quienes expresaban una opinión diferente a la suya eran despedidos”.

Por esta razón, explica, la gente guardó silencio. Pero ya en 2017 se organizaron junto a los profesores, lamentablemente, el movimiento no alcanzó la fuerza actual, fue dividido y amenazado. Pese a ello, se lograron acuerdos  con la alcaldesa que no se cumplieron.

Entonces, “lo único que nos quedó -dice la dirigenta- fue judicializar todo, lo que implicó que desde hace dos años no despidan a ninguno de nuestros trabajadores de atención primaria”.  El año pasado volvieron a unirse con educación para hacer un trabajo conjunto.

Nuevamente la alcaldesa intentó dividirlos, pero ya habían aprendido.  El 11 de abril de este año iniciaron un paro para visibilizar el grave daño patrimonial sufrido por el no pago de cotizaciones, pero también las precarias condiciones en que trabajan y atienden a sus pacientes y alumnado.

El servicio de urgencia no dispone ni siquiera de suero; tampoco cuentan con guantes quirúrgicos para procedimientos; las ambulancias están en mal estado;  no pueden cumplir las garantías Auge, en fin, denuncia Betsabé la aguda situación. Y añade que  en las escuelas, los servicios sanitarios y mobiliario están en mal estado; no cuentan con computadores suficientes ni materiales para desempeñar las tareas diarias, entre otras múltiples carencias.

Por lo anterior, y pese a que la alcaldía incentivó que tanto pacientes como apoderados los demandarán por el paro, los habitantes de la comuna se negaron porque comprendieron que la movilización era por el bienestar de todos y todas.

En APS hay 11 trabajadores y trabajadoras que no han podido acogerse a jubilación por no tener sus pagos previsionales al día. Por eso, pidieron priorizarlos, pero la alcaldesa no aceptó la propuesta.

Las negociaciones

Producto de la movilización en Lampa y de las gestiones de Confusam, se  acordó con la Subsecretaria de Redes crear un convenio  con el municipio, para que al Servicio de Salud Metropolitano Norte  retenga los recursos del per cápita para pagar  las cotizaciones hasta que la situación se normalice. Asimismo, el subsecretario Luis Castillo solicitó al servicio de salud un informe sobre la atención primaria de la comuna para ver medidas de apoyo.  Por último, la autoridad, comprometió coordinar con la Seremi de Salud Metropolitana, la fiscalización sanitaria de los establecimientos.

Concluye la dirigenta que en Batuco existen 600 familias luchando por su vivienda. Sin embargo, por mala gestión municipal han perdido terrenos y subsidios. Ellos les solicitaron ampliar el movimiento y hacer uno  “por la salud, educación y derecho a la vivienda”.  Aclara que todos los problemas en la comuna tienen un denominador común: “la negligencia de una alcaldesa”.

REVISTA INFUSAM Nº 31, JUNIO 2019