En pleno siglo XXI y mientras la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia son temas de los cuales los países se enorgullecen, las condiciones de trabajadores y trabajadoras del sector público en nuestro país siguen siendo precarias. Si son sumariados no cuentan con garantías procesales; incluso, un fallo del Tribunal Constitucional -a fines del año pasado- determinó que ni siquiera pueden recurrir a la justicia en defensa de sus derechos fundamentales, cautelados para los restantes trabajadores bajo la tutela laboral.

Leonardo Holgado, abogado de Confusam, lleva una década defendiendo a dirigentes y socios de nuestra organización sumariados. En base a esa experiencia explica que el estatuto administrativo N°18.883 rige en lo disciplinario a la atención primaria, y que la apertura de procesos depende, principalmente, de la voluntad del alcalde o alcaldesa, quien debe emitir un decreto con ese objetivo.

Leonardo HolgadoLeonardo Holgado

El estatuto administrativo fue promulgado al final de la dictadura, en 1989, en línea con leyes como la Orgánica Constitucional de Enseñanza y la de Bases Generales de la Administración el Estado. “Sabían que se iban y dictaron leyes de amarre”, dice. Por ello, argumenta, “su lógica es militarizada, buscando garantizar el orden, la continuidad y la disciplina, sin equilibrio con los derechos de los trabajadores”.

Esto da luces de por qué la municipalidad actúa como juez y parte durante todo el proceso, el cual, en muchos casos, “no da garantías democráticas procesales ni respeta la dignidad de quien es sumariado”, indica el abogado.

Se trata, entonces, de un procedimiento lleno de opacidades, donde el empleador tiene demasiado poder; en el cual las agencias encargadas de fiscalizarlo como la Contraloría o la Dirección del Trabajo ejercen un débil control; y bajo un posterior panorama judicial cada vez más incierto, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2018, que niega la tutela laboral a quienes se desempeñan en el sector público.

El fallo en cuestión especifica que los trabajadores del sector público, no pueden recurrir a tribunales laborales para demandar por despidos injustificados, razones políticas o acoso laboral. Se basa para ello en que el estatuto administrativo no contempla la defensa de los derechos fundamentales.

Los vicios del sumario

Lo primero es que luego de sucedido un hecho que pueda llevar al sumario, la municipalidad tiene hasta cuatro años para iniciarlo. Leonardo Holgado cuenta que no es extraño que un par de meses antes que se cumpla el plazo, el afectado o afectada se entera recién que se inició el proceso.

Y cuando recibe el aviso, lo común es que sufra un verdadero shock y tarde un par de días en reaccionar. Esto comienza a jugarle en contra, porque debe estar atento desde un principio a los vicios que se cometan en el proceso para ir haciendo presentaciones que los constaten.

Lamentablemente, la Contraloría determinó hace algunos años que los vicios de procedimiento no afectan el fondo del sumario. Por ello, cada constatación de estos solo permite acumular pruebas para que una vez concluido el sumario y sancionada la persona, concurra a la justicia. “En esa instancia habrá un juez sin vinculación con el municipio que evaluará las pruebas conforme al mérito del proceso”, indica el abogado.

Así, la investigación se desarrolla en contra de dictámenes que exigen que quien instruya el sumario esté sujeto a la misma ley que el sumariado (en este caso, la 19.378). “Lo habitual es que el fiscal no sea de APS sino un funcionario del departamento jurídico, del nivel central del municipio o hasta un asesor jurídico”, precisa el entrevistado. Añade que, además, como se trata de un superior jerárquico, está más propenso a querer quedar bien con su autoridad en el cumplimiento del cometido que le encargó.

Como si fuera poco, afirma Leonardo que una investigación sumaria no debiese durar más de 20 días hábiles y un sumario entre 60 y 120, en los casos más extremos. Sin embargo, hay personas que se pueden pasar hasta dos años sumariados con los obvios efectos sobre su estado de ánimo y desempeño laboral. No solo el hecho les produce inseguridad y estrés sino también cuadros depresivos.

En general, se da una lógica muy jerárquica durante el proceso; hay fiscalías que no reconocen el derecho a guardar silencio, y no cumplen con el principio del artículo 8 de la Constitución, que resguarda que todos los documentos deben ser públicos y transparentes.

La situación puede ser aún peor cuando la persona investigada labora en una corporación municipal. Allí quien fiscaliza es la dirección del trabajo, “cuya jurisprudencia y dictámenes establecen una situación muy vaga. Se declaran incompetentes cuando no hay una resolución final y solo te dicen que acudas a la justicia”, señala.

Y durante el proceso, básicamente en la dirección del trabajo se pueden hacer algunas constancias, a diferencia de la Contraloría que juega algún rol como ente fiscalizador, sobre todo cuando se trata de un dirigente o dirigenta, porque -además del artículo 156 del estatuto municipal- se entrega el derecho en la ley de asociaciones de funcionarios. Resalta el abogado que las corporaciones, “se escudan en que son un empleador privado y toda la opacidad con que se manejan los sumarios se intensifica”.

¿Se puede ganar?

Leonardo afirma que pese a todas las vallas sí es posible ganar, pero -fundamentalmente- esto ocurre cuando ya la persona ha sido sancionada. “Se ganan cuando en la tramitación administrativa el trabajador ha tenido la paciencia y la asesoría para ir reclamando cada cosa en el momento oportuno”,  expresa.

Explica que en contra del dictamen que valida los vicios, la ley de procedimiento administrativo señala que el incumplimiento de plazos -lejos la situación más habitual-, sí vicia el proceso: “existe una discordancia entre el dictamen de Contraloría y la ley formal, y el tribunal en jurisprudencia no se pierde”, indica.

Otra forma de obtener éxito, es el caso ocurrido recientemente con seis funcionarios y funcionarias de Olmué. Cuenta que en 2018 les iniciaron un sumario por haber faltado a sus labores durante una convocatoria a paro nacional dos años antes. Ya habían sido sancionados con el descuento, pero igual se les inició un proceso posterior por los mismos hechos.

Se documentaron todos los vicios, incluido que no se puede juzgar lo mismo dos veces, aun así el fiscal administrativo planteó la destitución. Sin embargo, llegado el momento de reponer el caso ante la alcaldesa, expresa Leonardo que había tal acumulación de vicios que unido a las gestiones de Confusam, permitieron un acuerdo entre las partes.

Lo anterior demuestra que resulta urgente reemplazar este estatuto. Los trabajadores y trabajadoras del sector público no pueden seguir siendo sumariados mediante procedimientos que afecten su dignidad y sin garantías procesales.

Recuadro

Destituido dirigente de La Florida

la florida

Desde hace más de cuatro años, el municipio de La Florida no cancela en forma regular las cotizaciones, lo que ha generado un enorme perjuicio a cientos de trabajadores. A lo anterior, se suman amenazas, hostigamiento y maltrato.

Precisamente por realizar gestiones derivadas de su función dirigencial por esta deuda, el dirigente Leonardo Parraguez fue sumariado  por la municipalidad y destituido hace algunos días.

Confusam manifiesta que no tolerará que se siga persiguiendo a los dirigentes y dirigentas por cumplir con su tarea en defensa de los derechos laborales.  Por ello, convocó a un paro en la Región Metropolitana para el 29 de mayo como primera medida de presión, exigiendo su reintegro.

REVISTA INFUSAM Nº31, JUNIO 2019