Se agudiza crisis de la salud pública

Los anuncios de reducción del presupuesto; de retomar las concesiones de infraestructura  incluso en atención primaria; de dar manga ancha a la objeción de conciencia en la aplicación de la ley IVE; de eliminar la Norma 21 para las matronas,  son todas señales preocupantes para el sector salud que ha dado el actual Gobierno, y que están haciendo sonar las alarmas entre quienes defienden la salud pública.

Durante su reciente cuenta pública, el presidente Piñera se refirió a que haría una “cirugía mayor” al sistema de salud  para entregar “a todos un acceso a los servicios de salud, digno, oportuno y de calidad”. Curiosamente, a los pocos días, se supo que a esta cartera tendría un recorte  presupuestario de 126 mil millones de pesos -equivalente a la deuda hospitalaria-, la mayor reducción de recursos  indicada por Hacienda para equilibrar el déficit fiscal.

“Salud requiere mayores recursos y no menos. Encuentro lamentable que el Ministro no sea capaz de representar al interior del Gobierno las necesidades que tiene el sector”, afirma con preocupación la ex ministra de esa cartera, Soledad Barría. Por su parte, Matías Goyenechea, presidente de la Fundación Creando Salud, explica que se pretende hacer un ajuste fiscal en un sector que mantiene un problema estructural, donde los gastos superan a los ingresos: “en promedio, anualmente, el Ministerio de Hacienda debe inyectar un 10 por ciento de recursos extra a cada servicio de salud”, añade.

_MG_0020 Ex ministra de Salud, Soledad Barría

Entonces, como el 90 por ciento del recorte anunciado es al Fonasa -entidad que paga las atenciones del sistema público-, no encaja cómo se busca entregar calidad, tal como anunció el Ejecutivo.

Listas de espera

Menos aún se logra entender que se proyecte reducir listas de espera hospitalarias no GES sin recursos adicionales y con cirugías los fines de semana.  Al respecto la ex ministra Barría es categórica: “es imposible reducir las listas de espera con un menor presupuesto, habría que ser mago nomás”.

Además, expresa que la cifra de atenciones quirúrgicas pendientes es “engañosa porque se congeló a diciembre del año pasado, escondiendo que este es un flujo permanente”.  De hecho, pese a la reducción de un 15 por ciento anunciada recientemente por el ministro Santelices, la lista se mantiene casi inalterable (272 mil pacientes y en diciembre eran 285 mil).

A comienzos de julio, el Minsal afirmó que se habían operado 28 mil pacientes y que otros quince mil no requirieron intervenciones o concurrieron al sistema privado, dando un total de 43 mil personas que salieron de la lista.

Matías Goyenechea solicita clarificar estos datos: “Que se reduzca la lista en 28 mil intervenciones puede parecer espectacular, pero se debe saber cuánto se pagó por ello y qué se postergó, existen incógnitas que sería bueno resolver”, indica.

_MG_003 Matías Goyenechea

Precisa el experto que la evidencia internacional para reducir lo tiempos de espera, se orientan a  fortalecer la capacidad pública inyectando recursos por acciones adicionales o aumentando la capacidad del sistema en términos de profesionales, infraestructura o tecnología. Otra estrategia utilizada es dar mayor resolutividad a la atención primaria, pero ninguna se ocupó, por lo que pide develar cómo se hizo.

Concesiones o APP

Al asumir el nuevo Gobierno, ya se conocía que un tema muy cuestionado por los gremios de la salud volvería a la palestra: las concesiones ahora denominadas asociaciones público privadas (APP).

Esta fórmula para construir infraestructura sanitaria viene de vuelta en Europa. En Inglaterra generó un fuerte endeudamiento en su Sistema Nacional de Salud (NHS) y en Madrid, la mayor parte de los hospitales concesionados sufrió un descalabro económico, debiendo ser rescatados.

Alerta Matías que a la llegada de Emilio Santelices y su equipo, existían partidas del presupuesto para edificar servicios de atención primaria de urgencia de alta resolución o SAR y que esos recursos fueron reasignados. Pero lo más preocupante, destaca,  es que la cartera de inversiones se está reconvirtiendo hacia la modalidad de concesiones “y, posiblemente, incluya a la atención primaria porque se  habla de licitar redes”.  Si bien la concesión no implicará la operación de servicios como estacionamientos, alimentación o aseo, se licitará la obra y mantención de esta así como la provisión, reposición y mantenimiento del equipamiento médico. Se proyecta “amarrar de a dos o tres proyectos para hacer más atractivo el negocio para el privado”, dice.

Plantea que está probado a nivel internacional y también por los equipos técnicos del Minsal y MOP que “este modelo es entre un 20 a 30 por ciento más caro y como los pagos parten una vez terminada la obra, es el siguiente gobierno quien comienza a cancelar”.

A su vez, Soledad Barría comenta que hace unos días participó en una reunión en el Hospital Sótero del Río, ya que se volvió a señalar que sería concesionado: “Hay que estar alertas porque pese a que el Sótero y el hospital de Puente Alto se licitaron el año pasado, se dijo nuevamente que se concesionarían”, comenta.

Para la docente de la Facultad de Medicina Sur de la Universidad de Chile, “esto es puro ideologismo. Las concesiones hospitalarias vienen en retirada en Europa. Incluso, el experimento del  hospital Padre Hurtado, que fue  seudo  autónomo, volvió a la red suroriente”. Enfatiza que es mucho mejor que el Estado pida  un crédito blando a endeudarse con las constructoras.

Por su parte, el presidente de la Fundación Creando Salud remarca que resulta también preocupante que el Gobierno  impulse lo que califica como un acuerdo nacional, donde la atención primaria es uno de los puntos. Este, dice, es parte de una comisión para reformar las isapres, donde no participa ningún actor social, salvo algunos alcaldes que “estarían supuestamente representando la perspectiva de atención primaria”.

A su vez, Soledad Barría también manifiesta su preocupación por las señales que muestran que  el actual gobierno: “quiere quitarle recursos a la salud pública porque así aumenta el negocio de los privados, si la salud pública se echa a perder más gente se irá a las isapres”, afirma.

 

 

Aumenta gasto de bolsillo en salud

En un cincuenta por ciento habría aumentado el gasto de bolsillo en salud entre 2012 y 2016, de acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP). Esta situación provocaría que seis de cada 10 personas teman no poder financiar su atención ante una enfermedad grave en su familia, según la Superintendencia de Salud.

El desembolso es uno de los más altos entre los países de la OCDE y para un 4 por ciento de los hogares, el gasto de bolsillo en salud se convierte en catastrófico.

En 2012, en promedio,  los chilenos destinaban $21.112 cada mes a remedios, consultas médicas y dentales, entre  otros servicios de salud. Cuatro años después, el costo ascendía a  $31.838. Un dato preocupante es que el gasto de bolsillo – es decir lo no cubierto por el sistema previsional-  se incrementó en mayor proporción para los más pobres, ya que en los tres primeros quintiles de menores ingresos, creció por sobre el 70 por ciento.

Asimismo, en el gasto, los fármacos son el ítem de mayor costo  (38%),  consultas médicas (19,8%),  exámenes  (11,8%) y servicios dentales (9,3%).

INFUSAM Nº 26, AGOSTO 2018

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