CONFUSAM demanda reconsiderar modificaciones al protocolo sobre objeción de conciencia en Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 Causales

DECLARACIÓN PÚBLICA

Santiago, 25 de Marzo de 2018.

Después de una larga lucha de las mujeres del país apoyadas por organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, sindicatos, partidos políticos entre otras instituciones, se logró un avance sustantivo en materia de derechos civiles al aprobarse en el Parlamento la ley que otorga a la mujer la facultad de decidir ella si interrumpe o no un embarazo en tres causales específicas.

Dicho éxito estuvo en serio riesgo de ser desperfilado cuando los sectores más conservadores de la sociedad pretendieron anular los efectos de la normativa recurriendo al Tribunal Constitucional, intentona que finalmente no prosperó logrando después de intensos debates que dicha instancia no trastocara el espíritu de la ley obteniéndose un nuevo éxito en materia de derechos de la mujer y logrando además hacer de Chile un país más desarrollado al poderse superar la intención de los sectores más reaccionarios de la sociedad en orden a imponer su particular y sesgada visión ideológica.

Sin embargo, si bien quienes se oponen a que sea la mujer quien decida si interrumpe o no un embarazo en las causales definidas en la ley no lograron evitar su aprobación, si lograron que la objeción de conciencia sea un modo de anular su aplicación en ciertos sectores, incluyendo establecimientos públicos y privados  al permitirse no solo la objeción personal, ya de por sí discutible, permitiendo incluso la objeción de carácter institucional.

En primera instancia, la objeción de conciencia institucional en el sector privado suponía que el establecimiento privado objetor no podría celebrar convenios que le signifique recibir recursos públicos, condición mínimamente lógica en el entendido que los recursos que administra el estado deben estar en función de financiar políticas públicas y no utilidad privada, criterio de suyo razonable en la implementación de programas del ámbito de los derechos sociales más relevantes, como salud y educación. Lamentablemente, en una decisión que es merecedora del más categórico rechazo, la actual administración modifica, vía resolución exenta, los criterios en relación con la objeción institucional, posibilitando la entrega de recursos públicos a instituciones privadas que hacen de la salud un negocio, aunque se nieguen a realizar las acciones definidas en los programas objeto de convenio.

Siendo de por sí inaceptable que se pretenda vía administrativa desconocer en ciertos sectores el derecho que la ley otorga a las mujeres del país, mayor rechazo produce que además las instituciones que se niegan a aplicar la normativa en cuestión, reciban recursos del Estado, conducta que constituye un descaro a toda luces inaceptable. Nuestra organización hace un llamado al Gobierno a reconsiderar su decisión para permitir, como es su obligación moral, que la normativa aprobada en el Congreso se aplique en toda su expresión, desistiéndose de, por vía administrativa, anular el espíritu de la ley. Desde ya anunciamos nuestra intención de hacer uso de todas las herramientas legales y políticas para lograr que la mujer chilena, en lo público y en lo privado, sea quien decida.

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