Funcionari@ públic@s: El derecho a demandar por prácticas antisindicales

En 2008 comienzan a funcionar en Chile los tribunales laborales. Sin embargo, los trabajadores “de la  Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni  los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes”,  no tenían derecho a acceder a ellos y que dirimieran las contiendas que los afectaban con sus empleadores.

La limitación se contempla en el artículo 1 del Código del Trabajo, que señala expresamente que sus normas no se les aplicarán a “funcionarios o trabajadores que se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”.

Fue solo la perseverencia e ingenio legal lo que permite que en 2014  se comiencen a aceptar los primeros casos enmarcados en el procedimiento de tutela laboral, abriendo la puerta para que l@s trabajador@s del sector público acudan a tribunales laborales.

La Corte Suprema resuelve que siendo la relación entre el funcionario público y el Estado una relación laboral sujeta a un estatuto especial, “no resulta procedente privar a los primeros de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo”.

 Prácticas antisindicales

Pero los tribunales seguían sin aceptar dirimir un área fundamental de abusos de los empleadores, como son las prácticas antisindicales: “presentábamos estos casos, pero no ganábamos ninguno porque consideraban que no éramos sindicato”, afirma el encargado de Jurídica, Juri Nova.

Fue a fines de 2015 que el municipio de La Calera decide terminar el contrato a plazo fijo de un grupo de socios y socias de Confusam, por haber participado en  movilizaciones durante la negociación por el reajuste del sector público.

Por ello, se acudió a los tribunales laborales para que se sancionara por evidentes prácticas antisindicales. Y, esta vez, no solo fue aceptada la demanda  sino que se falla a favor de l@s trabajador@s, y como el municipio recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, allí se ratifica, condenándolo al pago de 36 millones de pesos.

Los abogados de la alcaldía insisten y presentan el caso ante el Tribunal Constitucional, “solicitando la inaplicabilidad de este tipo de recurso, con lo que pretenden no solo ganar el juicio y evitar el pago de la indemnización, sino que negar el acceso al tribunal laboral a los funcionarios y funcionarias públicos de nuestro país”, afirma el dirigente.

Sin embargo,  el equipo legal de la Confederación argumenta con solidez a favor de sus defendidos. El 25 de julio el TC falla a favor de los trabajadores, marcando un hito y, “abriéndonos la posibilidad de comenzar a presentar demandas por prácticas antisindicales”, añade Yuri.

Tutela laboral

Los tribunales laborales contemplan un procedimiento especial en caso que se afecten los derechos fundamentales de l@s trabajador@s y es la tutela laboral. Como estos no estaban resguardados en estatutos especiales, desde 2014 se comienzan a aceptar y fallar casos que afectasen los siguientes derechos: a la vida y a la integridad síquica; el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia; la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada; la libertad de conciencia; la libertad para emitir opinión; la libertad del trabajo y el derecho a su libre elección, entre otros.

Infusam Nº 22- octubre 2017

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