Una batería de leyes se encuentra en estos momentos en el Congreso con la cual se pretende dar una nueva fisonomía a la educación en Chile. Sin embargo, se trata más bien de acomodos a un sistema que sigue manteniendo el lucro como su gran motor.

 Para las elecciones presidenciales del 2013 y producto de las movilizaciones estudiantiles de los años 2006 y 2011, el actual Gobierno hizo una oferta clara en su programa: que la educación sería considerada como “un derecho social fundamental” abandonando “las prácticas que han permitido tratarla como un bien de consumo”. Se planteaba, en ese entonces, “un cambio de paradigma”. A pocos meses de nuevas elecciones, el resultado es desolador.

Sí, hay gratuidad en la educación superior para el sesenta por ciento más pobre; en los colegios particulares subvencionados se normó mejor el uso de recursos del Estado; existen proyectos de ley en el Congreso para desmunicipalizar la educación y para regular la educación superior, entre otros, y se construyen más salas cunas y jardines infantiles para ampliar la cobertura inicial. Pero la transformación ofrecida no se produjo y tampoco se camina hacia allá. Todos son solo ajustes al modelo buscando preservarlo.

Como lo resume muy bien el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, “Hemos avanzado muy poco. Hace cuatro años se nos prometió una reforma profunda al sistema educacional chileno: cambiar el paradigma, superar la segregación y convertir a la educación en un derecho social y sacarla del mercado; todas estas demandas fueron planteadas por el movimiento social y sintetizadas en la consigna fin al lucro”. Agrega el docente que lamentablemente lo que hubo durante este periodo, es “un aggiornamento, una cierta contención de las políticas de mercado y nada más”. Reconoce que si bien aumentó la cobertura en el nivel inicial, “la lógica de pago por prestación se mantiene; se considera a la educación como un servicio que se compra en el mercado”, afirma.

El voucher en educación

La dinámica para financiar hoy la educación es a través de un voucher. Es decir, un monto en dinero, llámase beca o subvención, que se entrega al sostenedor o al centro de educación superior (con ciertas restricciones) por atender a dicho alumno o alumna. Y ese formato el movimiento social quiere derribarlo para que la educación sea un derecho social.

Es cierto que hay avances. La Ley de Inclusión Escolar ya en marcha de forma gradual (comenzó a aplicarse en Magallanes el año pasado), impide que los establecimientos que reciben aportes del Estado seleccionen a sus estudiantes y elimina el financiamiento compartido. Además, prohíbe el lucro.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores, enfatiza que no es tan efectiva la regulación de recursos con las nuevas exigencias a los sostenedores. Ejemplifica conque en Chile las universidades no tienen fines de lucrar y pese a ello, “poseen muchos mecanismos a través de los cuales venden los establecimientos hasta con los alumnos a consorcios internacionales”. Argumenta, por ejemplo, que los sostenedores de colegios particulares subvencionados podrán seguir utilizando la figura de arrendar (o  autoarrendarse) los establecimientos por varios años más (hasta seis bajo las condiciones actuales). De esa manera, no todos los recursos irán a educación y después de ese plazo podrá seguir arrendando bajo otra personalidad jurídica.

Pero el gran problema que se mantiene es que se seguirá funcionando con el criterio de subvención por asistencia. De esta manera, tampoco, estaría bien orientado el proyecto de desmunicipalizar. Esto porque si bien se elimina a los alcaldes de la gestión, se mantiene el actual sistema de financiamiento. La diferencia es que ahora los sostenedores serán los futuros 68 Servicios Locales de Educación Pública, traspasándose los establecimientos educacionales y sus trabajadores, además de su gestión administrativa. Con el agravante, enfatiza Mario Aguilar que a la escuela pública se le seguirán dando el mismo trato que a la escuela subvencionada, manteniendo la actual política, “lo cual no es el camino que debe seguir el país si quiere convertir a la educación en un derecho social”.

 ¿Más cobertura?

Si bien es en la educación inicial donde se advierten nuevos horizontes con la construcción de salas cunas y jardines infantiles y la creación de una subsecretaria de educación parvularia, aun no se concreta masivamente. Tampoco se ha hecho realidad la ley del gobierno de Piñera de que el kínder sea obligatorio.

El dirigente gremial asevera que lo realizado sigue siendo insuficiente y no cubrirá en el corto plazo a todos los menores: “Es como la gratuidad en la educación superior, se focaliza en los quintiles más desprovistos”. También señala que la gratuidad no es ni la sombra de lo esperado. Resalta, asimismo, que Sebastián Piñera ofreció bajo su Gobierno becas para el setenta por ciento de los estudiantes de educación superior, y lo que hoy existe bajo el Gobierno de Bachelet es “un tipo de beca encubierta” para el sesenta por ciento más pobre.

Enfatiza que el Estado aporta una enorme cantidad de recursos al negocio de la educación, pero no se cambió el paradigma. Gratuidad debiese implicar, afirma, que las universidades públicas sean financiadas por el Estado, y todos los que ingresan a sus aulas tengan educación gratuita pagada con los impuestos de quienes perciben mayores ingresos.

Agobio laboral

Otro de los grandes talones de Aquiles de la reforma, son los docentes. Según Mario Aguilar si bien se anunció con bombos y platillos un gran incremento de sueldo para los maestros, llegando a indicarse que se elevaría a los dos millones, lo cierto es que apenas un cinco por ciento alcanza esa cifra. La mayoría vio incrementadas sus remuneraciones en un 20 por ciento.

Claro que este aumento no ha sido gratis. El agobio laboral ha crecido geométricamente. Existe “una carga laboral muy fuerte asociada al control del profesor mediante informes y evaluaciones. Ha aumentado mucho la burocracia y gran parte del tiempo que se debe destinar a los estudiantes, se va en llenar informes para burócratas ministeriales que de esa manera justifican su sueldo”. Añade que si bien han logrado algunas medidas de alivio, este sigue siendo un tema pendiente para el gremio.

¿Qué pasó con el movimiento por la educación?

En un año electoral, se echa de menos que estudiantes y docentes estén exigiendo sus demandas en las calles de manera masiva. Para Mario Aguilar la explicación está en que los movimientos sociales siempre tienen flujos y reflujos, “es imposible que se sostengan en el tiempo de manera creciente”. Expresa que desaparecen y vuelven a la palestra.

Pasó con el pinguinazo del 2006 que reapareció en 2011 con el movimiento universitarios estando constituido por los mismos jóvenes del 2006. En el caso nuestro, afirma, después de años de pasividad entre 2014 y 2015 hubo mucho movimiento.

Pero, indica, esa es solo parte de la explicación. La otra, la sitúa en que muchos actores impulsores de las movilizaciones se pasaron al gobierno al asumir Bachelet. “Y se dedicaron a desmotivar y frenar -al menos en una primera etapa- las demandas y movilizaciones”. Producto de ello, esos mismos dirigentes perdieron las elecciones, tal como ocurrió en el Colegio de Profesores y en el Colegio Médico, así como en las organizaciones estudiantiles donde la Nueva Mayoría ha sido prácticamente barrida.

Entremedio también suma que el movimiento No más AFP ha reunido mucho del descontento masivo. Precisamente, indica que su gremio se ha incorporado a la demanda por la previsión y ha levantado junto a otras organizaciones una línea crítica a la CUT. “Estos procesos tienen su tiempo y para los próximos años se avecina un movimiento social más activo y convergente”, proyecta.

INFUSAM Nº 20, agosto de 2017

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