Protocolo de Acuerdo: Luz al final del túnel

El acuerdo firmado en 2014 con la entonces ministra de salud, Helia Molina, sacó adelante algunos de los temas prioritarios para Confusam, pero quedaron rezagados ruralidad, urgencias y financiamiento. Fue necesario incentivar a las actuales autoridades con una posible paralización, para que se decidieran a avanzar en ellos.

“Ya en el Congreso de Olmué, el año pasado, se hablaba del nulo avances en estas temáticas a diferencia de lo ocurrido con el incentivo al retiro y el traspaso de la categoría E a la C”, comenta el dirigente nacional, Fernando Kursan. Por ello, se mandata a la directiva nacional para iniciar una alerta en marzo de este año y ya en abril se convoca al paro para fines de ese mismo mes. Esta situación preocupó al Ministerio que no quiso sumar una paralización de la APS a su compleja situación derivada de las acusaciones de 25 mil muertes en listas de espera el año pasado, y firmó un nuevo acuerdo con la Confederación y la Asociación Chilena de Municipalidades. Este protocolo es mucho más específico en sus procesos y etapas que el de 2014.

 Potenciando ruralidad

Comenta Fernando que son cinco aspectos los que se abordarán en ruralidad. Se trata de  infraestructura, comunicaciones, marco legal del desempeño clínico, capacitación e incentivo. En cada uno de ellos, se contará con la evaluación del Ministerio pero también con la propia que debe aportar el nuevo Observatorio de Salud Rural.

Respecto a infraestructura, expresa el dirigente, “existen brechas y no hay una mirada nacional sobre cuáles son. Pedimos específicamente conocer cuánto se ha mejorado y cuánto falta por avanzar”. De esta manera, el Ministerio actualizará las normas que regulan las inversiones en salud rural. Esto servirá para crear una política nacional de desarrollo en infraestructura que entregue orientaciones relativas al financiamiento y etapas para cubrir brechas. El documento estará listo el segundo semestre de 2017, para comenzar a aplicarlo el primer trimestre de 2018.

En Valdivia, actualmente existe un plan piloto de radiocomunicaciones por microondas e internet. Kursan comenta que lo irán a conocer para evaluarlo. Si es positivo, se impulsará otro para avanzar en la conectividad de voz y datos en el territorio, pero con criterios  fijados desde el Ministerio y no al arbitrio de los gobiernos regionales. La idea es que durante 2018 se incorpore un plan que permita un cien por ciento de conectividad en las postas rurales. Para el desempeño clínico de los Tens, se implementará una plataforma de apoyo profesional a distancia que comience en un servicio de salud el primer semestre de 2018, debiendo extenderse a todas las postas. Asimismo, el Ministerio comprometió una revisión jurídica este año para clarificar de manera legal su ejercicio clínico.

 Capacitación efectiva

Acceso de los funcionarios y funcionarias que trabajan en el mundo rural a la capacitación, así de simple es el requerimiento que enfatiza Fernando Kursan. “Lo que se pide es un plan nacional de capacitación listo el segundo semestre de este año para que opere el primer

semestre del 2018 y se incorpore a los planes de capacitación comunales”, dice. Ello como una forma de asegurar el derecho efectivo de los paramédicos a capacitación y que no quede solo en buenas intenciones. Por último en este punto, se contempla un incentivo para los Tens en situaciones de mayor aislamiento. “Queremos un mecanismo de reconocimiento que motive la llegada de segundos paramédicos a las postas rurales”, indica el directivo.

Financiamiento, urgencia y estatuto

El financiamiento de la APS siempre ha sido prioritario para Confusam. Hoy, destaca  Kursan, el per cápita llega a poco más de 5.400 pesos. Y el compromiso del Ministerio es que “se incrementará al menos a $5.760, monto al que debe agregarse la actualización en base a la inflación y el reajuste del sector público”, alcanzando, esperan los seis mil para el próximo año. A su vez, se instalará una mesa tripartita para revisar los indexadores y que sean considerados en el presupuesto de 2018. “Queremos indexadores que se ajusten a la realidad, con una nueva modalidad de cálculo y que consideren las diferencias entre comunas”, afirma Fernando. También, agrega siguen insistiendo en que programas y convenios se incorporen al per cápita para dar estabilidad laboral y asegurar las prestaciones a la población. Al respecto, el acuerdo indica que el Ministerio evaluará aquellos programas que cumplan los requisitos para ser ingresados a dicho sistema de financiamiento a partir de 2018.

En lo referido a los servicios de urgencia de la APS, se efectuará un estudio este año “que profundice en aquellos elementos que fuere posible incorporar con el propósito de mejorar la calidad del servicio y proteger el desempeño de los funcionarios”, cita el acuerdo. Concretamente, expresa el directivo nacional, se buscará dar estabilidad laboral pasando los sapus al per cápita, se reforzará la seguridad policial en estos centros y se evaluará que se homologuen sus beneficios, “con quienes se desempeñan en los Samu, quienes tienen asignaciones y vacaciones especiales. Y ¿por qué no? si la red es una sola”, plantea. El último punto y que costó bastante fuese aceptado es la modernización del estatuto de APS. Con ese fin, se efectuará una jornada en septiembre de este año para enviar un proyecto de ley consensuado a trámite legislativo en 2018.

INFUSAM Nº 19, junio de 2017

LEAVE A REPLY